Las dos propietarias y una empleada de una agencia de viajes de Sant Llorenç fueron condenadas ayer por falsificar numerosos certificados de residencia en Mallorca, de manera que sus clientes, pese a no vivir en las islas, pudieran beneficiarse de los descuentos del 50% en sus billetes. Las tres acusadas reconocieron los hechos y se beneficiaron del acuerdo alcanzado entre sus defensas y la fiscalía. Las dos primeras fueron condenadas a sendas penas de dos años de cárcel y la tercera a un año. El tribunal accedió a suspenderles el ingreso en prisión si no cometen otros delitos durante el tiempo de condena.

Las acusadas, María F.B., Antonia F.B. y Laura F.G., admitieron ayer los hechos planteados por la fiscalía. Las dos primeras, como propietarias de una agencia de viajes con oficinas en s’Illot y Sant Llorenç, y la tercera como empleada, falsificaron numerosos certificados de residencia entre los años 2007 y 2012, de forma que los clientes de la agencia que no eran residentes en las islas se beneficiaran de los descuentos del 50% en los billetes. Así consiguieron grandes beneficios económicos con la captación de nuevos clientes. La fiscalía estimaba inicialmente el perjuicio causado al Estado por estas prácticas en 695.000 euros, aunque ayer lo rebajó a «más de 50.000 euros».

El fiscal consideraba que para llevar a cabo las falsificaciones contaron con la ayuda de un policía local, que les facilitó un sello oficial del Ayuntamiento. Este agente ha fallecido, por lo que no ha podido ser juzgado.

Durante la mañana de ayer las defensas de las tres mujeres y la fiscalía alcanzaron un acuerdo mediante el que las acusadas reconocieron su culpabilidad. El tribunal admitió la atenuante de dilaciones indebidas por los retrasos en la instrucción de la causa, cuyos hechos se remontan al periodo entre 2007 y 2012. La fiscalía reconoció que el procedimiento estuvo paralizado injustificadamente a lo largo de varios años.

De esta manera las condenadas vieron sensiblemente reducida su pena. Las dos primeras mujeres, para las que se solicitaba cuatro años de prisión, han sido condenadas a dos años. La tercera, con una petición de tres años y medio de cárcel, aceptó una pena de un año. Tras declararse culpables, la condena por estafa y falsedad documental es firme y no puede ser recurrida. 

El tribunal atendió también a la petición de las defensas para que las penas queden en suspenso, de manera que no tendrán que ingresar en prisión si no cometen otros delitos durante el periodo de condena. También se les impuso diferentes penas de multa y la inhabilitación especial para trabajar como administradoras o empleadas de agencias de viajes.

Los hechos que fueron juzgados ayer se remontan al periodo entre 2007 y 20012, cuando las mujeres eran administradoras y empleada de una agencia de viajes, con oficinas en s’Illot y Sant Llorenç.