La empresa condenada a indemnizar con 11,8 millones de dólares -casi 10 millones de euros- a las familias de las cuatro jóvenes mallorquinas muertas en un accidente de tráfico en Florida (Estados Unidos) en 2018 pide que se repita el juicio. La sociedad para la que trabajaba el conductor responsable del siniestro ha presentado una moción en la que insiste en rechazar su responsabilidad y sostiene que el jurado popular fue «confundido con pruebas manipuladas y falsas». En el recurso, alega que no hay pruebas suficientes de su implicación en el siniestro y, como alternativa, solicita una reducción de la compensación para los allegados de las víctimas.
La moción, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca, fue presentada el pasado 25 de agosto ante la Corte del Distrito Sur de Florida, el tribunal que enjuició el caso en la jurisdicción civil y dictó la sentencia a finales de julio. El jurado popular declaró que la empresa Discount Rock&Sand era parcialmente responsable del accidente por contratar al conductor que causó el siniestro y permitirle manejar un camión pese a su largo historial de infracciones de tráfico, por las que no era apto para ponerse al volante de un vehículo pesado.
El principal argumento de la sociedad condenada es que el veredicto le atribuye una «negligencia directa que no es legalmente sostenible» e incluso pone en duda que camionero fuera responsable del siniestro. Según el recurso, durante el juicio se produjeron una serie de irregularidades que «confundieron al jurado». Expone que se tuvieron en cuenta las declaraciones «intensas y emotivas» de un allegado a las víctimas sobre el desarrollo del accidente pese a que no lo había presenciado. También afirma que los testimonios de los familiares de las jóvenes fallecidas fueron grabados y editados por sus representantes legales, de forma que el jurado escuchó «fragmentos equívocos o irrelevantes».
En el recurso cuestionan también la reconstrucción realizada por un perito de los demandantes que, según sostiene la empresa condenada, omitió la presencia en la calzada de otros dos vehículos que habrían impedido al camionero ver a tiempo el coche de las mallorquinas. «Es una prueba claramente falsa», concluye la sociedad. Finalmente, consideran que las preguntas formuladas por el juez a los miembros del jurado fueron «incorrectas». Con estos argumentos, los abogados de la empresa reclaman un nuevo juicio en el que se declare que no hay pruebas en su contra o que se reduzca la cantidad con la que debe indemnizar a los familiares de las víctimas.
El accidente ocurrió el 5 de marzo de 2018, cuando el camionero se estrelló contra la parte trasera del coche en el que viajaban las cuatro turistas mallorquinas, detenido para realizar un giro a la izquierda, en la carretera principal de los Cayos de Florida. Según la investigación policial, a consecuencia del impacto el Nissan Rogue de las jóvenes salió despedido hacia el carril destinado al sentido contrario, donde chocó frontalmente contra una autocaravana y acabó estrellándose con un árbol. Teresa Sánchez Quetglas, María López-Bermejo Rosselló, Margalida Cortés Pardo y Ana Gaitán Díaz fallecieron en el acto. Tenían entre 30 y 31 años.
La Policía de Carreteras del estado concluyó que el camión circulaba a una velocidad superior a la permitida. Fue considerado el único responsable del siniestro, pero las autoridades no apreciaron responsabilidad criminal y solo fue sancionado con la retirada del carné durante seis meses y un curso de seguridad vial.
