El juzgado de instrucción número 40 de Madrid ha archivado la denuncia que la víctima de la Manada presentó contra dos detectives privados que fueron contratadas por la defensa para vigilarla y "observar su actitud diaria" los meses posteriores a la violación que denunció en Pamplona durante los Sanfermines de 2016.
Según ha sabido El Periódico de Catalunya, el magistrado entiende que las dos detectives "recabaron datos e imágenes de la denunciante en lugares públicos al objeto de incluirlos en un informe aportado a un procedimiento penal" y concluye que no cometieron un delito de revelación de secretos ni contra la intimidad personal, como aseguraba la víctima, que ha recurrido la decisión judicial ante la Audiencia de Madrid.
El informe de la empresa sevillana Cassol, contratada por la familia de Alfonso Cabezuelo, entonces militar de la UME y uno de los cinco condenados posteriormente a quince años de prisión por la agresión, fue presentado ante el tribunal que iba a juzgar los hechos y utilizado para tratar de desacreditar a la joven madrileña porque llevaba "una vida normal" tras la agresión, aunque finalmente sus abogados decidieron retirarlo del procedimiento. Al final, los cinco integrantes de la manada fueron condenados a 15 años de cárcel cada uno por aquella agresión sexual.
El pasado mes de junio, todos, excepto Ángel Boza, sumaron dos años y 10 meses más a su condena por abusar sexualmente de otra joven de Pozoblanco (Córdoba) que iba inconsciente en el interior de un coche y grabar en vídeo los hechos (cuatro años y medio en el caso de uno de ellos, José Ángel Prenda, por difundir las imágenes).
Hasta la piscina
Dos detectives espiaron a la víctima durante tres meses aquel verano en que ella trataba de rehacer su vida y tomaron fotografías de ella, su familia y sus amigos. El documento final fue redactado el 14 de septiembre de 2016 y refleja los seguimientos "intermitentes" hechos a la denunciante de la violación en grupo. En él se incluyen imágenes donde la joven aparece con cinco amigos suyos cerca de la piscina de la urbanización donde vive con sus padres.
Las detectives describen los movimientos de la chica y también de algunos amigos y familiares. Graban incluso al padre de la joven en su garaje, mientras está haciendo espacio para que pueda aparcar allí un vehículo. En el dossier que realizaron concluyen que la víctima de la Manada "fuma, sale de marcha y toma café con los amigos".
"No ha cambiado sus hábitos"
Una noche de aquel verano, las detectives contratadas por la familia de uno de los agresores de La Manada siguen a la víctima hasta un restaurante y la graban "cenando cómodamente con su familia". Añaden que en esa reunión la chica "es el centro de atención de la mesa con su conversación". En otra ocasión, la siguen a una biblioteca de Madrid donde acudió a estudiar con un amigo. Relatan que el amigo la graba en vídeo con su teléfono móvil mientras ella "mira a cámara".
En las conclusiones del informe, las detectives de la agencia Cassol apuntan que "podemos deducir que la joven no ha cambiado sus hábitos con posterioridad a los hechos denunciados: salir de marcha, tomar café con los amigos..." y que "lleva una vida propia de una persona de su edad. Sale y se divierte con sus amigos y mantiene una actitud normal". Un segundo dossier refleja la actividad de la chica en redes sociales.
Denuncia
La joven madrileña denunció que el seguimiento de las detectives "no se limitó únicamente a la actitud que pudiera adoptar en espacios públicos, sino también a la vigilancia y captación de imágenes de su vida íntima en espacios privados de esparcimiento con su familia y amigos".
Así, según apunta en su escrito la abogada de la víctima, Teresa Hermida, "se plasman diversas imágenes captadas de la denunciante con sus amigos y familia en las instalaciones de la piscina privada de la comunidad donde reside, pudiéndose identificar a sus familiares, en concreto a los padres de la denunciante, aparte de a los amigos de la víctima, al aparecer sus rostros sin pixelar en las imágenes captadas, aun cuando estos no guardaban relación alguna con el procedimiento judicial que se estaba tramitando en Pamplona".
Las investigadoras, que también fotografiaron a la chica "en el hall del interior de su portal", incluyeron en su informe "datos de identificación del domicilio habitual de la denunciante en Madrid, así como datos referentes a la localidad donde la víctima y su familia tienen su segunda residencia". Lo que, a juicio de la joven, resulta "desproporcional, irrazonable e innecesario" y "vulneró y alteró su intimidad personal y su libertad de movimiento". Durante unos meses, la joven abandonó España.
