Un delito de sustracción de menores. Esta es la acusación a la que se enfrenta Silvia Aquiles por no entregar de forma inmediata a sus hijos al padre después de que la justicia le retirara la guarda de uno y la patria y potestad de otro. Los dos hermanos fueron separados por la jueza de familia: uno se fue con el progenitor y el otro a un centro de menores porque no quería ir con el padre. "Yo soy inocente y mis hijos también. Si se me condena no solo será a mí, también será a mis hijos", ha dicho este lunes durante la vista Aquiles. Esta mujer ha sido reconocida por el Institut Català de les Dones como víctima de violencia institucional, ya que equipos de psicólogos y la jueza le adjudicaron, para apartarla de sus hijos, el falso síndrome de alineación parental, un concepto que no está reconocido y que ha sido rechazado por la ONU, el Consejo General del Poder Judicial y la fiscalía.
Este lunes, la fiscalía ha mantenido la petición de dos años de prisión para Aquiles y la acusación particular, en nombre de la expareja, hasta cinco, mientras que la defensa ha solicitado la absolución o, alternativamente, tres meses de prisión. El debate jurídico es si la mujer tuvo conocimiento o no que el 17 de febrero de 2020 la jueza de familia acordó la entrega de los menores y si abandonó su casa como maniobra dilatoria.
Aquiles sostiene que no supo de la resolución hasta el 3 de marzo (se habían ido a Caldes de Malavella porque ella y sus hijos se encontraban mal) y que al día siguiente, como pudo comprobar EL PERIÓDICO in situ aquella jornada, llevó a los menoresi al juzgado. Su abogada también estaba de baja y, según ha reconocido, no abrió el correo electrónico hasta ese día 3, cuando comunicó la decisión de la jueza a su clienta. La procuradora de la acusada ha declarado que recibió el auto ese 17 de febrero, pero que no se lo notificó a Aquiles y que envió un 'email' a la abogada, aunque no recibió, afirma, "respuesta de su recepción". La querella contra la mujer fue presentada al día siguiente, 18 de febrero.
La demora de 14 o 15 días -dependiendo de si se cuenta desde la fecha del auto o el que figura en la notificación oficial- es lo que ha llevado a Aquiles al banquillo de los acusados. Un escalón más en su calvario, el cual empezó cuando denunció a la que entonces era su pareja por presuntamente haber abusado sexualmente del niño, que ahora tiene 5 años, y de la niña, de 7, cuando estaban juntos. El caso fue archivado por falta de pruebas. A partir de entonces, todo se le giró en su contra.
Supuestos abusos
El falso síndrome de alienación parental le ha perseguido desde entonces. Su abogada, Antonia Ortiz De Arcos, ha subrayado en su informe que Aquiles está acreditada como víctima de violencia institucional. "¿Si sus dos hijos le manifiestan que han sufrido abusos sexuales qué tenía que hacer? Pues denunciar. Después los casos se archivaron por falta de pruebas, pero ese febrero de 2017 todavía estaban en curso", insistió la letrada. "Está en manos de su señoría (refiriéndose al juez) acabar con esa violencia institucional", ha afirmado la letrada.
La fiscal, sin embargo, argumenta que la mujer, con el fin de evitar la entrega de los pequeños, "huyó" de su domicilio y "actuó por encima de la ley". Cuando el 18 de febrero fue a la vivienda un equipo de la DGAIA y los Mossos se encontraron con el piso vacío. El exmarido de Aquiles ha explicado que durante esos 14 días no sabía el paradero de sus hijos, ni "si se encontraban bien o mal". E, incluso, creyó que habían desaparecido. Por aquellos días, ha asegurado, se publicaban noticias sobre la investigación contra la Asociación Infancia Libre, por presuntas denuncias falsas. La fiscalía archivó el caso. Hoy cinco abogadas con toga, miembros de Mujeres Juristas y de Iacta Advocades, han presenciado el juicio como observadoras.
