La situación de la sanidad penitenciaria no mejora. El Defensor del Pueblo ha advertido en su Informe Anual de 2022, presentado esta semana, de que la ratio de plazas de médicos que quedan desiertas en España en los últimos años alcanza el 80%. La falta de facultativos es una constante desde hace años y, lejos de solucionarse, el problema empeora. Con datos facilitados a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica por Pedro Antonio Martínez Sánchez, responsable de la sección de Prisiones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y médico la cárcel de Ocaña II (Toledo), actualmente hay 139 facultativos titulares y 33 interinos. En total, 172.

Pese a las sucesivas ofertas de empleo, las plazas siguen sin cubrir. Unos se van y muchos se jubilan, resume el doctor Martínez Sánchez. De los titulares que actualmente hay en los centros penitenciarios, con los datos aportados desde CESM, entre 25 y 30 se jubilan durante 2023, por lo que quedarán más centros sin facultativo. A finales de este año, calcula el médico, habrá en las prisiones un 22% de médicos titulares.

80% de plazas sin cubrir

Este mismo lunes, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registraba en las Cortes el Informe Anual de la actividad de la institución en 2022 del que hacía entrega a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. En el documento se advierte de que la ratio de plazas de sanidad penitenciaria que quedan desiertas en España en los últimos años alcanza el 80%.

La transferencia de las competencias sanitarias sólo ha sido posible en País Vasco, Cataluña y, desde 2021, Navarra

El Defensor recuerda que, en el año 2003, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establecía la transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas de salud de las comunidades autónomas. "Pero su incumplimiento aún hoy continúa, a pesar del criterio reiterado del Defensor del Pueblo de que esta situación sea revertida", lamenta. Desde Instituciones Penitenciarias señalan a El Periódico de España que, aunque hay varias líneas abiertas, hasta ahora sólo ha sido posible que la sanidad penitenciaria esté traspasada en País Vasco, Cataluña y Navarra, desde 2021.

Durante 2022, la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha indicado al Defensor del Pueblo la "gran dificultad" existente para cubrir las plazas de personal funcionario de los servicios sanitarios previstas en las relaciones de puestos de trabajo de los establecimientos penitenciarios. Los datos, señala el informe, evidencian que la falta de personal sanitario es una constante en las prisiones españolas.

Apoyo de la telemedicina

Ante esta situación, la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, comenzó a implementar a mediados del mes de noviembre de 2021 un Proyecto Piloto de Guardias Telemáticas de apoyo con profesionales, cuya finalidad es la de garantizar la cobertura en la prestación de los servicios médicos, apunta el informe.

Para dar cumplimiento a este objetivo, se llevan a cabo guardias que prestan los sanitarios que, perteneciendo a la plantilla de personal funcionario penitenciario, intervienen en otro centro -distinto a aquel en el que desempeñan sus funciones habituales- a través de videoconsultas, en las que siempre deben estar presentes el paciente y un profesional de enfermería del centro en el que dicho paciente se encuentra, accediendo a su historia clínica.

Los datos facilitados por la Administración penitenciaria al Defensor del Pueblo indican que se realizaron 560 intervenciones, entre los meses de enero a julio de 2022, habiéndose adscrito únicamente un total de 12 médicos. "Esta iniciativa puede ser considerada como positiva por los beneficios que conlleva para las personas privadas de libertad, pero no parece que dé solución al problema estructural de la falta de personal facultativo, el cual, además, debe asumir otras tareas derivadas de las guardias telemáticas que recoge este proyecto", advierte la institución.

Sin solución

Sobre el terreno, el presentante de prisiones de CESM muestra su desesperanza por la situación que atraviesa la sanidad penitenciaria. Destaca varios puntos: primero la "mala atención" que se brinda a los internos por el cambio de modelo que se ha instaurado. Se explica. Si en un centro -cita el ejemplo de Navalcarnero (Madrid) donde antes había nueve médicos y ahora dos- se encuentran sin facultativo, se atiende al paciente por teleasistencia pero sólo para casos urgentes y a través de la enfermera.

"Las consultas programadas ya no existen; tampoco a demanda, sólo de urgencias. Con eso, programas como el de tuberculosis, enfermedades infecciosas, drogodependencia, salud mental...son muy difíciles de llevar a cabo. Ocurre por la carencia de médicos", asevera Pedro Antonio Martínez Sánchez. A medida que la situación empeore, advierte, el camino que ya ha emprendido Instituciones Penitenciarias de privatizar esa asistencia sanitaria, irá a más.

De media un médico de prisiones cobra unos 1.200 euros menos al mes, sin guardias, menos que uno de Atención Primaria

Pero, además, como no hay médicos, añade, la derivación rápida es a Urgencias de un hospital. Lo que encarece el servicio sanitario. Si las plazas no se cubren, añade, es porque "económicamente están muy mal dotadas y los médicos se van a trabajar a cualquier otro sitio donde ganan más. De media, porque no en todas las comunidades autónomas se cobra lo mismo, un médico de prisiones cobra unos 1.200 euros menos al mes, sin guardias, que uno de Atención Primaria".

El desencanto que demuestra el médico de prisiones es porque nada ha cambiado en los últimos años. "Se tapan agujeros para evitar dramas importantes. Es dejar caer y morir lentamente la sanidad penitenciaria. No ponen mucho interés, se escudan en que las comunidades autónomas no cogen las transferencias, pero en realidad, no interesa mucho, porque somos pocos. Está muy abandonado", se queja el representante sindical.

Pero el problema no sólo afecta a los médicos. Recientemente, el sindicato de Enfermería SATSE denunciaba que las enfermeras que trabajan en prisiones tienen contratos precarios y, además se enfrentan a posibles casos de intrusismo, ya que, cuando el médico no está se ven obligadas a realizar funciones que no son de su competencia. Además, se rigen por un reglamento totalmente obsoleto, que data de 1981.