La nueva ley que pondrá un tope al precio de las matrículas, permitirá la microformación (también para adultos que carezcan de título pero que acrediten sus competencias profesionales), reducirá la precariedad del profesorado, acotará el mandato del rectorado y dará autonomía a las agencias autonómicas de calidad ha superado hoy su último trámite parlamentario: la votación y aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados por 182 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV), 157 en contra (PP, Ciudadanos, Vox y grupo Mixto) y 8 abstenciones (Bildu, Junts y BNG).
La Losu (ley orgánica del sistema universitario) será la tercera norma universitaria de la democracia. Sustituirá a la Lou, una norma aprobada hace más de 20 años, cuando apenas había competencias autonómicas en materia de estudios superiores. Pensada para avanzar hacia un horizonte (muy lejano) de universidad gratuita, la ley carece de memoria económica pero tiene un compromiso firme de aumento de la financiación pública para los estudios superiores (1% del PIB en los próximos años). La normativa entrará en vigor en breve, 20 días después de publicarse en el BOE. Sin embargo, para todo lo que tiene que ver con el profesorado y su estabilidad laboral, la aplicación se aplazará hasta el curso 2025-26.
Tope a las tasas
La Losu establece que los precios públicos de las matrículas solo podrán contenerse o reducirse progresivamente, una decisión que corresponderá a las comunidades autónomas. Hasta ahora, el modelo anterior permitía la posibilidad de poder poner un precio máximo sin límite por parte de la Conferencia General de Política Universitaria.
La ley ofrecerá formación (y microformación) a los estudiantes a lo largo de la vida. Matricularse en una facultad no solo será posible con un título académico (bachillerato y selectividad), sino que también se abre la puerta a aquellos profesionales con acreditada experiencia en un campo laboral y con competencia acreditada oficialmente, un modelo que también está en vigor para la FP.
Combatir la temporalidad
En el curso 2025-26 la temporalidad del profesorado quedará reducida a un 8% (en lugar del 40% actual): docentes visitantes, distinguidos y sustitutos. Mientras, los docentes asociados (profesionales con experiencia "relevante" en la asignatura que imparten) tendrán contrato indefinido en lugar de temporal y su horario bajará de 180 horas lectivas a 120. La moratoria especifica que los asociados no tendrán que cambiar su régimen hasta 2024 para no distorsionar la realidad laboral de las facultades.
El número de asociados en toda España es elevado y puede llegar a los 30.000 (aproximadamente, el 40% del total). Se trata de profesionales que tienen otros trabajos fuera del campus y sus contratos son renovados cada año. Sin embargo, este artículo de la ley ha levantado ampollas entre estos docentes, algunos de los cuales se han sumando a una huelga.
El acceso a la carrera docente se realizará con la figura de ayudante doctor, que tendrá un contrato de seis años (en lugar de cinco) como paso previo a la estabilización a través de las figuras de titular de universidad o permanente laboral.
Paro y colegios mayores
Por primera vez, se reconocerá el derecho al paro académico por parte de los estudiantes (no se llama huelga porque no son trabajadores), una práctica habitual entre los estudiantes pero que, curiosamente, no está recogida en los estatutos de muchas facultades.
Los colegios mayores que segregan por sexo no podrán estar adscritos a una universidad pública. El cambio se debe a lo ocurrido este año en el colegio mayor masculino Elías Ahuja de Madrid, donde los estudiantes gritaban a las alumnas del colegio femenino situado enfrente: "Putas, salid de vuestras madrigueras, sois unas ninfómanas. Vais a follar todas en la capea”.
Debates en los claustros
Uno de los puntos que más ampollas ha levantado es el que capacita a los claustros para "analizar y debatir temas de especial trascendencia”. Advirtiendo de que podría ocurrir algo parecido a lo que sucedió en los campus catalanes en 2019, más de mil profesores universitarios firmaron una carta dirigida a senadores y diputados para que la nueva ley consagre "la neutralidad política e ideológica" de los claustros. El artículo desencadena posiciones encontradas en los campus.
