Diego murió poco días después de cumplir los 18 años. La enfermedad degenerativa que sufría hizo que se le estimara una discapacidad del 93% con la que sus padres, dos vecinos de Zaragoza, Laura y Óscar, lucharon hasta el último día. Ahora la falta de su único hijo es recordada cada final de mes por un aviso del banco: Ingreso prestación social 750 euros. Desgraciadamente su hijo ya no está con ellos y no necesitan ningún tipo de ayuda, pero no saben qué hacer por dejar de cobrarla porque nadie les escucha.

Óscar Ortega hace de portavoz de ambos «Hace dos años solicitamos una ayuda para el cuidado de nuestro hijo y no recibimos contestación afirmativa hasta el mes de noviembre. Fue en el banco también».

Ese mes cobraron los 750 euros que le correspondían, pero también los de octubre pues se les había concedido la ayuda en esa fecha. Llegaba tarde, ya que Diego había muerto en el mes de julio, comenzando así un suplicio para estos padres que, como es lógico, habían notificado la defunción ante todos los organismos.

La falta de coordinación o el colapso existente en la Seguridad Social provocó que la Administración pública no se diera cuenta en aquel momento. Pero Óscar y Laura no se quedaron de brazos cruzados.

Lo primero que acordaron, debido a que están en estos momentos separados, fue «no tocar ni un euro» de los ingresos con la idea de que «llegará el día», aunque no saben cuándo, «que pedirán la devolución». Mientras llega, los dos vecinos de la capital aragonesa han insistido «y ya se nos ha olvidado cuántas veces» en pedir la cita previa para ser atendidos en alguna de las oficinas que tiene la Seguridad Social en la ciudad, pero es «imposible». «Lo hemos intentado por teléfono, por Internet,... pero nada», lamenta Ortega.

Ante ello, este hombre decidió, un día que tenía fiesta, ir a una de estas sedes para ver si le escuchaba alguien. «Recibí un portazo. Si no había cita no había nada», destaca este hombre que, cansado por la situación, pidió ayuda al personal de seguridad que custodia la entrada. «Esa persona me escuchó, me dijo que lo iba a comentar y que volviera al día siguiente, lo hice y le entregué unos papeles que le devolvieron sellados», asevera.

Ortega creía que el suplicio había acabado hasta este mes. Volvió a recibir ese mensaje de su entidad bancaria que le avisaba que ya podía hacer uso de la ayuda. «Solo pienso que mientras el dinero está ahí en una cuenta, otros padres no pueden echar mano de él y aseguro que es hasta poco, pues el cuidado 24 horas cuesta mucho dinero y ya no quiero ni contar si uno contrata a fisioterapeutas, como era nuestro caso», añade Óscar que, junto a Laura, esperan que pronto se solucione un problema que puede afectar a otros progenitores.