El escándalo en la fiesta de los premios Feroz, en la que productor Javier Pérez Santana fue detenido por agresión sexual, ha destapado dos fenómenos sociales. En primer lugar, se ha confirmado que buena parte de la sociedad ha dicho basta. Que no está dispuesta a tolerar ningún tocamiento indeseado. La lucha feminista y la difícil andadura de la 'ley del sí es sí' han inoculado el mensaje de que cualquier acto sexual no consentido, como que un hombre intente manosearte o besarte, es una agresión sexual digna de denunciarse, por muy drogado o borracho que vaya el agresor. En segundo lugar, se ha destapado una realidad bastante silenciada: las agresiones de hombres hacia otros hombres, dentro de la llamada violencia intragénero, de la que apenas se habla.
"Las víctimas de la violencia intragénero están deshechas, se sienten doblemente victimizadas", denuncian desde la Asociación de Abogados contra los Delitos de Odio
La denuncia de la actriz Jedet -mujer trans- ha destapado que durante la fiesta varios hombres fueron acosados sexualmente por Pérez Santana y que el productor acostumbra a tener comportamientos sexuales abusivos hacia personas de su mismo sexo en cualquier celebración. Sin embargo, aún es pronto para saber si el escándalo servirá para que "se abra un debate pausado, que desemboque en que se analicen las causas de la violencia intragénero, para saber cómo abordarla, prevenirla y poner más medios", reflexiona Ignacio Paredero, secretario de organización de la Federación Estatal LGTBI+.
Este tipo de la violencia, que se da entre personas del colectivo LGTBI, es "poco conocida" y "aún queda mucho trabajo por hacer" para saber sus motivaciones y cómo afrontarla, según la entidad. Prueba de ello es la confusión que ha habido esta semana en torno al asesinato de Sandra, que los Mossos lo han investigado como violencia de género pero el caso no ha sido remitido a un juzgado especializado porque la víctima aún no había cambiado su nombre y sexo en el Registro Civil y seguía figurando como hombre.
La infradenuncia
De entrada, apenas hay datos de la incidencia, aunque las pocas estadísticas existentes reflejan que es infinitamente menor a la enraizada violencia machista. Por ejemplo, un estudio de 102 sentencias efectuado en 2021 por el forense Miguel Lorente demuestra que el 97% de las víctimas adultas de delitos sexuales son mujeres, porcentaje que se reduce al 68% en el caso de los menores de edad, dado que buena parte de la violencia sexual se dirige hacia los niños. Sin embargo, el 100% de los agresores sobre adultos eran hombres y el 98% en el caso de los menores.
No obstante, las cifras puede que estén desvirtuadas porque si el nivel de infradenuncia entre las mujeres es muy alto, también lo es dentro del colectivo LGTBI, dado que sigue siendo un tema tabú y con connotaciones negativas. Muchos afectados tienen miedo a que se destape su orientación sexual o identidad de género y también temen de que el Estado no les preste la misma protección y ayuda que a las mujeres agredidas. "Las víctimas de la violencia intragénero están deshechas, se sienten doblemente victimizadas", denuncia Manuel Ródenas, presidente de la Asociación de Abogados contra los Delitos de Odio.
Ley trans
La ley trans, que ha sido aprobada este miércoles en el Senado, ha intentado corregir esta situación, pero de manera "insuficiente", según Ródenas. Por lo pronto, el PSOE enmendó su propia ley para que desaparezca la definición de violencia intragénero como aquella que se produce "en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo y/o género y que constituye una manifestación de poder cuya finalidad es dominar y controlar a la víctima".
Asimismo, reclamó que desaparezca la equiparación entra las víctimas de la violencia de género (de hombre hacia mujer) e intragénero a la hora de acceder a ayudas con el argumento de que la "actual regulación de la violencia doméstica [que se refiere al ámbito familiar] da cobertura a todos los supuestos" y la regulación de la segunda "genera un plano de protección superpuesto que induce a confusión".
Las demandas socialistas, que demuestran las resistencias de un sector del feminismo a regular las violencia intragénero por miedo a que se menoscabe la violencia machista, fueron incorporadas al texto a cambio de que el PSOE retirara la enmienda destinada a limitar la libre autodeterminación de género, es decir el cambio de sexo libre en el DNI, en los menores de 14 y 15 años, que era una de las principales reivindicaciones del colectivo LGTBI.
Órdenes de protección
En la norma ha quedado, por tanto, un solo artículo que indica que cuando las personas LGTBI sufran violencia en el ámbito familiar tendrán derecho a que se dicte una orden de protección y que las víctimas podrán pedir ayudas laborales y de escolarización de sus hijos similares a las que tienen las víctimas de la violencia de género. Para Paredero, de la Federación FGTBI, supone un "avance" porque aunque "se haya quitado la referencia terminológica de la violencia intragénero se amplían derechos para las víctimas".
Sin embargo, para Ródenas, este precepto es "insuficiente" porque deja fuera muchas ayudas a las que tienen derecho las mujeres maltratadas, como soluciones habitacionales, asistencia jurídica, psicológica, etcétera. Asimismo, critica que las órdenes de protección se hayan acotado a la "violencia en el ámbito familiar", por lo que podrían ir destinadas a hijos cuyos padres rechazan y maltratan a sus vástagos por su orientación sexual o identidad, sin mencionar el término "parejas". "¿Tanto les cuesta indicar que se tiene que proteger también a las parejas? No es fácil que concedan una orden de protección y más si no se indica con claridad", advierte.
La violencia de género
Las mencionadas entidades LGTBI no buscan que se modifique la ley contra la violencia de género, que impone mayores penas a los hombres que comenten agresiones hacia sus parejas. Esta diferencia se sustenta en que la norma se hizo para intentar frenar el machismo como problema estructural. "No agrava la pena por el resultado sino por el significado y las circunstancias estructurales", explica Lorente, exdelegado del Gobierno contra la violencia machista. Y el colectivo LGTBI se siente cómodo con esta diferenciación. "No se trata de entrar en comparaciones, lo que nos preocupa es prevenir la violencia intragénero", sostiene Paredero.
A su vez, el presidente de la Asociación de Abogados contra los Delitos de Odio considera que "legislar sobre una no supone el menoscabo de la otra porque son realidades distintas".
