Penúltimo capítulo en la guerra del agua que libra el Gobierno con los agricultores. La empresa estatal Acuamed, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y ejecutora de la política hídrica, ha trasladado a la comunidades de regantes que la instalación de la energía fotovoltaica para abaratar el precio del agua no será gratis. Los agricultores deberán asumir, vía tarifa, el 20% del coste de la infraestructura, lo que supone afrontar el pago de unos 140 millones de euros, de una inversión total de 690 millones de euros hasta 2027, cuando el Ministerio estima que se habrán instalado los paneles solares en desaladoras y canales de impulsión del trasvase Júcar-Vinalopó, cuyos usuarios deberán aportar 18 millones adicionales a los 200 millones que deben pagar por el sobrecoste de las obras tras el cambio unilateral de la toma del agua por la entonces empresa Aguas del Júcar, inmersa en una investigación judicial por presuntos desvíos de dinero en la adjudicación de los tramos posteriores.
Un tema que sigue coleando y que ha retrasado la firma del convenio: este enero debieran llegar ya los 13 hm³ apalabrados el pasado verano, pero sigue sin cerrarse negro sobre blanco. La Junta Central de Usuarios ha incluido, precisamente, en la negociación para fijar el precio del agua desalada para los próximos diez no tener que pagar ese 20% de las obras para la energía fotovoltaica pero Acuamed, de momento, no cede.
El Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto invertir 690 millones de euros en los próximos cuatro años para mejorar la gestión del agua en Alicante y Murcia y una parte capital de esa lluvia de millones es que la instalación de la energía fotovoltaica para producir electricidad, más barata y sostenible, que la producción de la condicional.
El 20% de los costes deberán sufragarse, vía tarifa, del bolsillo de los agricultores. Bajando al detalle, en lo que se refiere a las 170.000 hectáreas regadas con agua del Tajo (25.000 agricultores en la provincia mas otros tantos en Murcia) y que deberán suplir estos caudales por la desalada el coste adicional sería de unos 857 euros por hectárea. En cuanto a los 52.000 hectáreas (14.000 agricultores) que aspiran a recibir agua del Júcar por un trasvase impulsado por energía fotovoltaica, el coste alcanzaría los 384 euros/hectárea.
Mientras, Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, han ganado en la última semana 9,62 hectómetros cúbicos y acumulan 638 hm3, lo que supone el 25 % de su capacidad total de embalse. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT),, el embalse de Buendía acumula 365,69 hectómetros cúbicos de agua, 5,82 más que la semana pasada, lo que supone el 20,27 % de su capacidad total, que es de 1.705 hectómetros cúbicos.
Asimismo, la reserva de agua en el pantano de Entrepeñas ha sumado 3,80 hectómetros cúbicos en los últimos siete días, de forma que almacena 274, el 32,04 % de su capacidad total, que se sitúa en 813 hectómetros cúbicos. Hace un año por estas fechas los pantanos de la cabecera del Tajo almacenaban 652,56 hectómetros cúbicos, el 25,91 % de su capacidad de embalse.
En su totalidad, los pantanos de la cuenca hidrográfica del Tajo almacenan esta semana 7.039,38 hectómetros cúbicos de agua, 140,75 más que la pasada semana, que suponen el 63,69 % de la capacidad total de embalse, que es de 11.051 hectómetros cúbicos.
Por tierra mar y aire
Por otro lado, el Consell insistió este viernes en que El Gobierno batalla "por tierra, mar y aire" para que el plan del Tajo vuelva al texto que se acordó y votó en el Consejo Nacional del Agua sobre el trasvase Tajo-Segura y que los caudales ecológicos se determinen en función del estado del río cada año, y ha asegurado que hará todo lo necesario para defender los intereses de la agricultura valenciana.
Así lo ha manifestado la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro, quien no ha descartado acudir a los tribunales para que la disposición adicional novena se recoja tal y como se remitió en un principio al afirmar: "Valoraremos las acciones oportunas cuando tengamos la respuesta del Consejo de Estado y en función de lo que apruebe el Consejo de Ministros".
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, Navarro ha contestado a las preguntas de los periodistas sobre el conflicto relativo al trasvase Tajo-Segura y ha afirmado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "no acaba de aterrizar en los hechos" cuando habla de esta cuestión, pero los hechos "son claros y están documentados".
"Valoraremos las acciones judiciales cuando tengamos la respuesta del Consejo de Estado y en función de lo que apruebe el Consejo de Ministros"
La vicepresidenta tercera y ministra sostiene que el documento remitido al Consejo de Estado que afecta al trasvase Tajo-Segura es el que fue respaldado mayoritariamente en el Consejo Nacional del Agua, en contra de lo que dijo el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien reivindicó este martes que el acuerdo del Consejo Nacional del Agua sobre el trasvase Tajo-Segura "se tiene que respetar" y si no va a ser así, volver convocar a este órgano y tomar "otra decisión".
En la misma línea que Puig (PSPV-PSOE), Navarro (Compromís) insiste que el texto remitido por el Gobierno al Consejo de Estado es "diferente" del que se aprobó en el Consejo del Agua y contiene "modificaciones sustanciales" que cambian la disposición adicional novena que se votó y que decía que se determine cada año, tras el análisis científico de las masas de agua, "la subida o no" del caudal ecológico. "Si no es necesario subirlo, que no se suba, es muy sencillo" ya que lo contrario podría ser arbitrario, ha defendido Navarro.
Desde la Comunidad Valenciana se han presentado alegaciones y la consellera, que ha presentado un voto particular, estuvo presente en nombre del Gobierno valenciano en la concentración de esta semana en Madrid frente al Ministerio de Transición Ecológica y se reunió con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, después de ese acto. "Estamos en la batalla por todas las vías posibles para recuperar el texto de la disposición novena", ha manifestado.
" Hugo Morán sabe, y así me lo reconoció el miércoles , que el único texto que se sometió a votación fue el que nos habían remitido"
Preguntada por quién miente en este conflicto, la consellera ha relatado que el texto que se remitió para la votación en el Consejo del Agua y que recibió el voto a favor de la Generalitat Valenciana fue "el único que se votó", pero si después de escuchar a las comunidades autónomas se ha decidido su modificación, ha sido posterior a la votación y ahí el voto valenciano cambia a desfavorable, ha dicho.
Según Navarro, en el Consejo del Agua, Castilla La Mancha fue la que intervino en contra del texto por lo que, aunque no se ha dicho explícitamente, "cualquiera puede entender lo que ha sucedido".
Asimismo, ha señalado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, estuvo presente durante toda la reunión del Consejo del Agua, mientras que la ministra acudió al final, cuando todo estaba "cerrado y debatido".
El miércoles, tras la concentración celebrada en Madrid contra el recorte del trasvase, la consellera se reunió con Morán y le pidió volver a la senda del diálogo y llegar a acuerdos para un texto "donde todos nos sintamos reflejados". Según ha dicho, Morán "sabe, y así me lo reconoció, que el único texto que se sometió a votación fue el que nos habían remitido" y que después, por votos particulares e intervenciones, se cambió.
"Ellos consideraron que había que modificar, el por qué no me lo ha explicado", ha insistido sobre un documento que había superado todos los informes preceptivos y las sentencias del Tribunal Supremo sobre caudal ecológico, ha añadido.
