Un horizonte negro se asoma en el regadío del Levante atraído por la subida de los caudales ecológicos en el Tajo y, como consecuencia de ello, el recorte de agua enviada por el Trasvase al Segura. Los regantes se han reunido este lunes en la Asamblea General ordinaria del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura donde han buscado la unidad entre ellos para presentar batalla en Madrid el próximo día 11 de enero, donde se manifestarán contra los planes del Ministerio para la Transición Ecológica.

La cuenca levantina acumula un déficit hídrico de 290 hectómetros cúbicos que se incrementará en 2027 cuando se cumpla el escenario final de elevación de los caudales en Aranjuez a 8,65 m3/segundo. Los efectos perjudiciales de tales recortes están escritos hasta en la planificación hidrológica del Segura, un coste que se definió como "desproporcionado".

Las previsiones que este lunes ha presentado Joaquín Melgarejo, director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, son más pesimistas: 27.300 hectáreas en riesgo por la menor llegada del agua del Tajo (15% del regadío de la cuenca y dos tercios en Murcia), 15.300 empleos destruidos y hasta 5.600 millones en pérdidas de valor patrimonial.

En este punto ha incidido tanto Melgarejo como Andrés Molina, director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que han recordado que el Ministerio se podría enfrentar a una reclamación millonaria por el agravio en la actividad económica (cese de los cultivos) y bienes de los regantes, es decir, la pérdida del valor del suelo. "Los regantes no tienen el deber jurídico de soportar" los daños en la economía familiar.

Molina ha recordado ante los regantes que la directiva europea del Agua no recoge la necesidad de implementar un caudal ecológico, aunque sí la obligación de mantener en buen estado una masa de agua. "Sin embargo, es un concepto que no va contra la normativa europea", por ello ha tenido una continuidad en el ordenamiento jurídico español como, por ejemplo, en las sentencias del Tribunal Supremo sobre el caudal del Tajo.

Las insuficiencias en el proceso participativo en la elaboración de los planes hidrológicos como el del Tajo, la ausencia de concertación con los regantes del Segura, la falta de control en los estudios técnicos sin justificación, el menoscabo en los derechos de los usuarios del agua del Tajo como los agricultores de Murcia, Alicante y Almería o la "infracción" en el cumplimiento del acuerdo por el funcionamiento del Trasvase son los cinco motivos que, en opinión del profesor de Derecho Administrativo de Alicante, podría concluir con la anulación del Plan del Tajo.

Melgarejo, por su parte, habla de "decisión arbitraria" que se eleve el caudal en este tramo con efectos "económicos, sociales y ambientales" para el sureste ambiental. El consultor en materia de agua del Scrats se ha mostrado crítico con la posición del Gobierno valenciano de abstenerse en la votación del Consejo Nacional del Agua. Además, ha incidido en el impacto que supondría para las arcas públicas la pérdida de pagos en impuestos como el IRPF, la seguridad social de los trabajadores o el IVA por los productos.

Dos protestas en Madrid

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha anunciado que los regantes llevarán a cabo una segunda movilización en Madrid, frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, el día que el Consejo de Ministros apruebe la planificación hidrológica del Tajo. El día 11 de enero será la primera, una cita en la que el sindicato ha tratado de aunar fuerzas en su Asamblea General. Ese día las comunidades de regantes cortarán el agua en sus territorios para trasladar a la capital a toda la fuerza posible del sector agrario murciano.

El representante de los regantes solo espera que el Ministerio no toque "ni una coma" del real decreto que aseguraría el freno a la subida progresiva del Tajo. El documento debe pasar por manos del Consejo de Estado para emitir un dictamen definitivo antes de aprobarse en el Consejo de Gobierno. Jiménez se reunirá este martes con el presidente valenciano, Ximo Puig, para tratar los pasos que está dando el líder de los socialistas valencianos para frenar los planes del Ministerio. Tanto a Puig como a José Vélez, delegado del Gobierno en Murcia y secretario general del PSRM, les pide que "sean tan fuertes como García-Page (presidente del Gobierno manchego), que quiere destruir el Trasvase".