El Tribunal Supremo elude pronunciarse, como pidió Greenpeace, sobre la licencia de obra municipal del hotel El Algarrobico, que el ayuntamiento concedió en 2003, y sigue siendo legal pese a que ya habían sido anulados todos los instrumentos normativos en base a los que se otorgó. Fue el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) el que en una sentencia de julio de 2021 dijo que era el Ayuntamiento de Carboneras, el municipio almeriense en el que se enclava el hotel, el que debía revisar de oficio esa licencia de hace casi veinte años, antes de ordenar anularla y obligar al derribo. “Mientras no se estableciera lo contrario”, el hotel, dijo el TSJA, “seguía teniendo un título jurídico válido”. El Ayuntamiento ha peleado por mantener en pie el hotel.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso planteado por Greenpeace contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 22 de julio de 2021, que se pronunció sobre la revisión de oficio de la licencia de obras de hotel edificado en el paraje ‘El Algarrobico’ en Carboneras (Almería). El texto íntegro de la sentencia del Supremo, que confirma la del TSJ andaluz, se conocerá en los próximos días.

El Algarrobico se convirtió en un símbolo del ladrillazo y de la especulación urbanística y veinte años después, el hotel construido sobre el parque natural del Cabo de Gata, un valioso entorno protegido en la costa de Almería, sigue en pie. En un cruce interminable de decisiones judiciales, este miércoles el Tribunal Supremo tenía sobre la mesa una decisión clave sobre la nulidad de su licencia de obras. La mole de cemento a 14 metros del mar, un complejo hotelero de 21 plantas y 411 habitaciones, tiene una veintena de sentencias confirmando su ilegalidad pero la constructora siguió batallando. Es para los ecologistas uno de los grandes ejemplos de destrucción del litoral español.

Primer fallo, 2006

Sus obras se paralizaron en 2006, con una primera sentencia en su contra en los juzgados de Almería. En la campaña de las elecciones autonómicas de 2008 ya se prometía su demolición inmediata y la restauración de esa franja costera. A finales de 2022, los tribunales siguen enredados resolviendo recursos y la constructora Azata ha ido anotándose victorias en el último momento, amparada por una licencia de obra que concedió el ayuntamiento, dando legalidad a las obras, junto un dictamen favorable de la Junta de Andalucía.

Han sido varias las ocasiones en las que parecía inminente la entrada de la piqueta para demoler El Algarrobico, que no en pocas ocasiones ha contado con pronunciamientos de alcaldes y vecinos de la zona a favor de la apertura del hotel por su impacto económico y el empleo. Al enredo judicial ha contribuido el caos administrativo sobre el suelo en el que se levanta el hotel y las decisiones contrarias emitidas por distintas salas del mismo Tribunal de Justicia de Andalucía, que en un momento determinó su ilegalidad y años después declaró que el suelo sobre el que se levantaba el complejo turística era urbanizable. El TSJA ha entrado además en colisión con el Supremo, cuando determinó que la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Carboneras era válida.

Con esos fallos a favor la constructora fue cogiendo oxígeno para seguir adelante con su batalla en contra de los ecologistas, con Greenpeace y Salvemos Mojácar como principales actores, y las administraciones, ya que la Junta de Andalucía, tanto con los gobiernos socialistas como con el actual Ejecutivo del PP, han defendido su derribo. El presidente Juan Manuel Moreno anunció en los Presupuestos de 2021 una partida para derribar El Algarrobico y sus antecesores incluso firmaron, una década antes, en 2011, un convenio con el Gobierno de la nación para repartir entre las administraciones los costes del derribo y de la recuperación de un paraje de alto valor ecológico.

Caos administrativo

Fue en julio de 2021 cuando una sentencia del TSJA dio al traste, de nuevo, con la demolición inminente del hotel. Hacía 15 años que se habían paralizado las obras por un juzgado de Almería (2006). El alto tribunal andaluz instaba al Ayuntamiento de Carboneras, el municipio almeriense que alberga el hotel, a modificar la licencia que concedió en su momento para que pudiera entrar la piqueta.

El hotel del Algarrobico se emplaza en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, pero sobre este suelo la Junta de Andalucía había dictado planes de protección llenos de contradicciones. Es el origen del problema. Los ecologistas siempre han defendido que en cualquier caso el suelo no era urbanizable porque imperaba la ley de costas, vigente desde 1988, al estar construido solo a 14 metros de la ribera del mar. Según la normativa autonómica, en 1994 el suelo se consideraba no urbanizable en el llamado PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) pero en 1997 se alteraron los lindes del parque sin expediente alguno, se publicaron nuevos planos y ese terreno se convirtió en urbanizable.

La constructora aprovechó ese vacío legal en la protección del suelo para comprar los terrenos, en 1999, en pleno ‘boom’ del ladrillo. La promotora Azata del Sol adquirió 16,2 hectáreas por 2,3 millones. Obtuvo la licencia municipal para acometer las obras y la declaración medioambiental favorable (2003) desde la Junta de Andalucía y las grúas se apoderaron del paisaje.

En 2006 se paralizaron las obras, cuando la construcción del hotel estaba al 74%, gracias a la lucha de los ecologistas. En 2008 la Consejería de Medio Ambiente volvió a alterar la protección del terreno para declarar la zona como “área degradada”. En una última maniobra, la Junta de Andalucía movía ficha para hacerse con la titularidad del suelo, aunque debe pagar 2,3 millones de euros a la constructora en concepto de derecho de retracto. Un caos administrativo que ha conducido a una eterna batalla judicial a la que ahora el Supremo pone punto y final. En 2012 el Supremo declaró por primera vez la obra ilegal y el paraje protegido.