Tras más de ocho años de espera se pone en marcha el complejo e intrincado proceso para resolver en el ámbito internacional si España tendrá o no algún tipo de derecho sobre el suelo marino al oeste de Canarias más allá de las 200 millas que configuran la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Archipiélago en ese área, y sobre otros fondos oceánicos al norte de la costa gallega. Son los territorios sumergidos en el Atlántico sobre los que España tiene solicitada ante la ONU la ampliación de su plataforma continental para poder acceder a esos suelos y con ello, en un futuro que para nada es inmediato, a la riqueza y explotación mineral de los mismos. Es una batalla legal ante el organismo internacional que en el primer caso tiene a Marruecos como principal contrincante, y en el segundo a países europeos como Francia, Reino Unido e Irlanda.
La solicitud española para la ampliación de su plataforma continental en Canarias data del 2014 y ya hay un preacuerdo desde el 2009 para el caso de la otra -la denominada FISU tras la ZEE frente a Galicia e integrada por una superficie de 79.000 kilómetros cuadrados-, para que sea repartida entre los cuatro mencionados países europeos que la comparten, aunque presentó más tarde otra propuesta para anexionarse entre 45.000 y 50.000 kilómetros cuadrados más de esa área en el norte gallego. Sobre ambos litigios se empezará en el próximo mes de febrero, en el seno de la llamada Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas (CLCS por sus siglas en inglés), a dilucidar el derecho de cada uno de los países en cuestión. Será por esas fechas cuando los representantes de España, entre ellos científicos de diferentes organismos oficiales que han investigado al respecto, defenderán que es a nuestro país al que corresponden la ‘anexión’ de ese suelo marítimo considerando que la plataforma oceánica a la que pertenecen son una extensión natural de su propio territorio emergido, algo que reclaman para sí cada uno de los países que han solicitado ante el organismo competente de la ONU ese derecho. El total del fondo que reclama España es de unos 500.000 kilómetros cuadrados, es decir, casi la misma extensión terrestre del país, de los que en torno a 290.000 corresponden a la plataforma oceánica de Canarias que España se disputa con Marruecos.
Se da la circunstancia de que esta batalla ante Naciones Unidas con el vecino africano se va a iniciar coincidiendo con la negociación entre ambos países precisamente sobre la delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica frente a Canarias. Madrid y Rabat acordaron en abril pasado crear un grupo de trabajo que intentara clarificar esa disputa más allá de lo que al respecto cada uno de los países planteara ante la ONU, pero el inicio del proceso en el marco internacional deja en el aire el verdadero sentido y alcance de dicha negociación. De hecho, la cita en Nueva York de los representantes españoles a estos efectos podría coincidir, o celebrarse inmediatamente después, con la Reunión de Alto Nivel (RAN) hispanomarroquí que ambas partes buscan agendar para finales de enero o principios de febrero en Rabat y en la que se abordará esta cuestión, entre otras muchas de las relaciones bilaterales. El Gobierno español pretende de partida dejar sin efecto la iniciativa marroquí de 2020 por la que sendas leyes internas ampliaban unilateralmente la soberanía del país sobre aguas del Sáhara Occidental y otras pretendidas por España precisamente por la ampliación de la plataforma continental.
El fondo de la disputa no es otro que poder tener acceso en el futuro a la exploración y explotación de las reservas minerales que parecen esconder esos fondos, a entre 3.000 y 5000 metros de profundidad, al oeste de la isla de El Hierro, donde se encuentra el Monte Tropic, tales como manganesio, telurio, tierras raras y cobalto, entre otros depósitos de valor estratégico para la transición energético del futuro, además de posibles yacimientos de hidrocarburos. Aunque de momento todos los científicos ven inviable una actividad real de explotación minera del suelo y subsuelo en dicha plataforma continental, la cuestión de fondo estriba en obtener el derecho legal de exploración con la vista puesta en que dentro de 10, 20, o 30 años esa actividad sí pueda concretarse.
El fondo de la disputa con Rabat es el acceso a las reservas minerales del Monte Tropic
La batalla por esta "anexión" de territorio se libra tras años de expediciones y estudios por parte, entre otros, de expertos del Instituto Hidrográfico de la Marina, integrado en la Fuerza de Acción Marítima de la Flota de la Armada Española con sede en Cádiz, así como de técnicos del Instituto Español de la Oceanografía y del Instituto Geológico y Minero de España. Estos procesos se iniciaron a raíz de que en los años ochenta la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar incluyera en su artículo 76 que los países ribereños tenían derecho a reclamar una ampliación de las 200 millas náuticas que históricamente les corresponden desde su línea de costa como Zona Económica Exclusiva. Esa ampliación se podía disputar “siempre y cuando se demostrase científica y técnicamente que el territorio sumergido es una prolongación natural del emergido”, según ha explicado a la agencia EFE el capitán Luis Miguel Rioja, que junto a Juan Luis Sánchez, ingeniero técnico de arsenales, y Eduardo Pol, cabo primero hidrógrafo, integra el equipo del Instituto Hidrográfico de la Marina implicado en este trabajo.
Cautela científica
El artículo 77 precisaba que los derechos de un país sobre ese territorio, que podría extenderse hasta un límite de 150 millas náuticas más, serían de exploración, conservación y explotación del suelo y el subsuelo marinos. Por tanto, a diferencia de las primeras 200 millas náuticas que constituyen la ZEE, no se incluyen en esta extensión los derechos de explotación de los recursos del agua, como la pesca. Según los responsables de la defensa de la posición española, tras este paso de defensa de las posiciones ante la CLCS (ya se había realizado anteriormente ante el plenario del organismo), la decisión final podría estar lista en uno o dos años.
La cuestión estriba en lograr el derecho legal de exploración con la vista puesta en 20 o 30 años
Pero los expertos piden mucha cautela y aclaran que “hoy en día es prácticamente imposible explotar nada a esas profundidades”. Añaden estos científicos que “ahora todo está más enfocado a la conservación que a la explotación” y que la UE, dentro de su agenda de sostenibilidad 20/30, tiene como objetivo que al menos un 30% de las aguas de la UE sean protegidas, que no se puedan explotar. “Toda la superficie que se ganase quedarían seguramente dentro de la zona protegida, no se podrían explotar”, señalan.
De hecho España, con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021, no autoriza campañas ni para explorar ni para explotar, pero “eso no quita que tengamos los derechos, y que en un futuro se pueda explotar” este suelo y subsuelo marinos. La batalla por conquistar ese territorio sumergido es silenciosa, sigilosa y muy larga, enfatizan los investigadores, quienes recuerdan que reunir los datos para convencer a Naciones Unidas de que la plataforma continental del área de Canarias pertenece a España han necesitado de varias campañas específicas por parte de los organismos estatales antes mencionados.
