El Congreso de los Diputados reflexiona en 2022 sobre cuál es la mejor vía legal para combatir la explotación sexual y el proxenetismo, pero en el debate se ha obviado que España rubricó en 1962 un compromiso internacional que la obliga a castigar toda forma de proxenetismo y la tercería locativa.

Se trata del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, conocido como Lake Success, que se firmó en Nueva York el 21 de marzo de 1950 y al que este país se adhirió en 1962, por lo que es de obligado cumplimiento.

"Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona", también a quien "explotare la prostitución de otra persona", aun con su consentimiento. Esto es, a perseguir todo tipo de proxenetismo.

Lake Success establece, pues, que el consentimiento de la víctima ha de resultar irrelevante para construir el tipo penal. Además, los estados firmantes también se comprometen a castigar a todo aquel que mantenga, administre, sostenga o participe en el financiamiento de una casa de prostitución y a quien "diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local o cualquier parte de los mismos para explotar la prostitución ajena".

En su preámbulo, el Convenio indica que "la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana". Los países adheridos tienen que adoptar medidas para su prevención, así como para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas prostituidas, incluidas medidas de carácter educativo, sanitario y económico.

"Cada parte a Parte en el presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar la aplicación del presente Convenio", reza el compromiso rubricado por el estado español.

Desde hace casi 60 años, España tiene estas obligaciones para luchar contra la explotación de la prostitución ajena. Sin embargo, en los encendidos debates de la ley de garantía integral de la libertad sexual primero, y en la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para castigar todo tipo de proxenetismo en el Código Penal, después, no se ha hecho mención a este compromiso internacional vinculante.

Una institución sí lo ha recordado: la Fiscalía General del Estado, que ha advertido en diversas ocasiones de la necesidad de tipificar todo tipo de proxenetismo (entendido como realizar la actividad de prostitución bajo la dirección y dependencia del proxeneta que se enriquece de ello) para frenar su "constante e imparable expansión" que suponen un "negocio boyante".

Actualmente, el Código Penal castiga el proxenetismo coactivo -el que emplea violencia, intimidación o engaño. Estima el ministerio fiscal que admitir un proxenetismo consentido implica admitir "que una mujer pueda autorizar su propia explotación" y recuerda que en España éste afecta a mujeres extranjeras, sin recursos económicos y extraordinariamente vulnerables.

"Es clara la vinculación entre el proxenetismo consentido y las manifestaciones de la prostitución de la pobreza, la marginación y la discriminación de la mujer extremadamente vulnerable", indica Fiscalía.

El PSOE aboga por un amplio castigo del proxenetismo, algo en lo que podría encontrar el respaldo del PP. Sin embargo, su propuesta no es vista con buenos ojos por muchos socios parlamentarios del Gobierno (algunos de ellos partidarios de la regulación de la prostitución), que creen que su reforma del Código Penal podría ir en contra de las mujeres prostituidas, un colectivo que piden que sea objeto de protección mediante mecanismos no punitivos.

El Ministerio de Igualdad quiso avanzar en la tipificación del proxenetismo y devolver la tercería locativa del Código Penal en la ley del sólo sí es sí, pero las posturas dispares de los socialistas y los socios de la investidura tiraron por tierra el texto planteado por el departamento de Irene Montero, que se centraba en la lucha contra la explotación sexual más que en el abordaje de la prostitución.

Otro instrumento internacional relevante

Más allá del Lake Success, España ha firmado otro instrumento internacional relevante en la lucha contra la explotación sexual: es el Protocolo de Palermo, destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños. Este país ratificó el citado protocolo en 2003.

Un altísimo porcentaje de las víctimas de explotación sexual lo son también de trata y Palermo establece que los estados firmantes trabajarán para prevenir y combatir la trata y proteger a las víctimas, incluidas indemnizaciones por los daños sufridos y medidas orientadas a la recuperación física, psicológica y social.

La futura ley integral contra la trata, compromiso recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, deberá tener en cuenta Palermo. Precisamente este enfoque de protección y reparación de las víctimas es el que reclaman los socios parlamentarios del Gobierno.