Tres mil millones en deudas con los bancos y el propio Ministerio de Agricultura que no se van a poder pagar. El recorte del trasvase Tajo-Segura, tras aprobarse la elevación de los caudales del río en Aranjuez y Toledo, no solo va a forzar la desaparición de 12.000 hectáreas de cultivos rentables solo en la Región de Murcia y el despido de al menos ocho mil trabajadores y 122 millones de euros en valor de producción, según las estimaciones del Gobierno regional.
También provocará un agujero de unos 3.000 millones de euros correspondientes a los créditos en los que están embarcados los agricultores y empresarios que planificaron sus inversiones en base a un agua que, en un principio, se va a reducir a la mitad.
Balsas, instalaciones de riego por goteo, semilleros, invernaderos, maquinaria, naves… y hasta el préstamo de aquel o aquella, empresario o empresaria, que tiene abierto un bar para dar de comer a los jornaleros agrícolas, apunta Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).
Una deuda millonaria a la que se suman los 18 millones de euros del "tasazo" (mantenimiento de los canales pase el agua que pase, y que también pagan los ayuntamientos), y el porcentaje que se abona por el agua para obras en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.
Desde 1979, los regantes de Alicante y Murcia llevan pagados 500 millones de euros. Aporte que ahora también se va a reducir, obviamente, al venir menos agua.
Los regantes pagan unos 15 millones de euros al año. Hasta 1998, la recaudación iba directamente al Estado, pero a partir de aquel año el dinero se lo reparten la autonomías cedentes del agua para sufragar, precisamente, obras hidráulicas en sus territorio. Es decir: Murcia, al igual que Alicante, paga el agua y además una compensación ambiental.
Durante estos días se suceden cientos de testimonios de lamento por parte de agricultores de Murcia, Alicante y Almería, las tres provincias que forman la denominada «huerta de Europa», herida de muerte ahora por el recorte del agua del trasvase. Hay que recordar, además, que el agua desalada no se puede pagar si no está subvencionada.
"El problema que se nos viene encima es incalculable. Se habla de 3.000 millones de euros pero es que yo no me atrevo ni a dar una cifra porque hay que pensar de que del agua que llega del Tajo no solo viven los agricultores. Esto es una cadena porque el agricultor es, a su vez, cliente de un comerciante que se ha metido en un préstamo", explica uno de los agricultores de la Vega Baja afectados.
También el propio consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo, consideraba la pasada semana que "el Plan Hidrológico del Tajo es uno de los atentados de mayor alcance de cuantos se han perpetrado contra el trasvase Tajo-Segura", y aseveró que esta decisión supone "un paso determinante hacia su desmantelamiento y contra el desarrollo de la Región de Murcia y de su sector agrícola".
Alianza en el Levante en defensa del Tajo-Segura
El Partido Popular de la Región de Murcia estará presente en la manifestación en defensa del Trasvase Tajo-Segura el próximo 17 de mayo en Alicante. Así lo aseguró ayer el secretario general del PP de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, que asistió a un acto en Orihuela junto con el presidente de la Diputación de Alicante y del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; el diputado nacional por Alicante, Cesar Sánchez; el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez; y una alta representación de cargos del PP.
Asimismo, el secretario general realizó un llamamiento a todos los ciudadanos para que acudan a esta movilización ya que "esto afecta no sólo a los agricultores y a las industrias, sino a cada uno de los vecinos del Levante, que durante 43 años se han estado nutriendo de este trasvase y han visto cómo se aseguraban los recursos hídricos".
"Debemos salir todos a la calle, no solo los agricultores", ya que "todavía hay tiempo de reacción para poder parar esto, pongamos cordura, pongamos el interés general por delante de las ideologías y entendamos que esta infraestructura ha traído vida, progreso y esperanza a todo el Levante español", defendió.
También la Comisión de Política Territorial, Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Asamblea Regional aprobó ayer una moción del PP en la que se pide al Gobierno nacional que tenga en cuenta las alegaciones presentadas por las Asociaciones Profesionales Agrarias, el Scrats y el Gobierno de la Región de Murcia al Plan Hidrológico del Tajo.
La comunidades de regantes han comenzado a realizar, en este sentido, estudios para calcular el dineral que se va a quedar pendiente por la falta de agua de cara a una posible reclamación patrimonial.
El Instituto del Agua de la Universidad de Alicante ya tiene evaluado que las pérdidas anuales en Alicante, Murcia y Almería serán de 5.327 millones euros anuales, producto del abandono de los cultivos y del volumen económico que se dejará de mover (lucro cesante).
Además, dejarán de aportarse al PIB español, un total de 3.610 millones de euros.
La aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) supone según los técnicos, una merma de caudales disponibles para regadío del trasvase Tajo-Segura estimados en unos 105 hectómetros cúbicos al año.
Indemnizaciones multimillonarias
El Gobierno tendría que pagar la friolera de 21.000 millones de euros a los agricultores, empresas y ayuntamientos que reciben agua del trasvase si al final se optara por el cierre de esta infraestructura, tal como pide Castilla-La Mancha. La posible derogación del trasvase representaría un coste para el Estado superior a 20.000 millones de euros, debido a la responsabilidad patrimonial en la que incurriría, según informe oficial.
El estado de las masas de agua subterráneas para uso agrícola, a debate
Agricultores y regantes de la Región analizaron ayer el futuro del sector agroalimentario de la Comunidad en base a los recursos hídricos disponibles. La jornada ‘El binomio agua-agro en la Región de Murcia, organizada por COAG-IR junto a la Consejería de Agua y Agricultura, sirvió para analizar tanto los estados cuantitativos como cualitativos de las masas de agua subterrénas y su uso agrícola. Antes de que comenzase el acto, el consejero Antonio Luengo, lamentó que "por desgracia se está cumpliendo lo que prometió Pedro Sánchez antes de ser presidente" con el recorte del trasvase. Luengo tildó de "obsesión" por parte del Gobierno central y del Ministerio la decisión de reducir el envío de agua al Levante español.
