Las críticas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a las denominadas macrogranjas de ganado y a la calidad de la carne que sale de ellas han provocado un fuerte rechazo en el sector productivo pero también han abierto el debate sobre el impacto que tienen estas explotaciones intensivas. Una controversia en la que entran en juego multitud de elementos e intereses, a veces contrapuestos, como los relacionados con la actividad económica, el bienestar animal, el impacto ambiental de estas instalaciones o la despoblación del mundo rural.
"Qué más le da que se critiquen esas llamadas macrogranjas que no existen en Extremadura, que además [es algo que] nos beneficia porque nuestro modelo es de ganadería extensiva", aseguró el pasado jueves en la Asamblea de Extremadura la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, en respuesta a una pregunta formulada en el pleno por la diputada del PP Mercedes Morán.
Existan o no en la región, lo que seguro que no hay de momento es una definición oficial de qué es una macrogranja. Desde el propio departamento que dirige García Bernal se aclara que ni este concepto ni el de superintensivo se contemplan para ninguna de las especies ganaderas en el ordenamiento normativo. Los que se utilizan para definir el modelo productivo de las explotaciones son fundamentalmente dos: el de extensivo, para aquellas donde los animales no están alojados ni son alimentados dentro de las instalaciones y que se caracteriza básicamente por el aprovechamiento directo de los recursos agroforestales durante todo el año; y el de intensivo, en el que el ganado se aloja y alimenta dentro de instalaciones de forma permanente, incluso cuando estas consistan en corrales abiertos al aire libre.
"El número de cabezas, por sí solo, no es un parámetro indicativo del sistema productivo, es necesario conjugar más factores como extensión de la finca donde se manejan, alimentación, recursos naturales, etcétera. Puede ser que existan explotaciones extensivas con mil vacas o con diez solamente, así como intensivas con mil cerdos o con cinco", se remarca desde la consejería.
Los datos aportados por la Junta constatan que el sistema intensivo tiene una implantación muy limitada en la comunidad autónoma en el ganado bovino, con 422 explotaciones y 46.760 animales, apenas un 4% y un 5% del total, respectivamente. Algo similar sucede tanto con el ovino, con 181 explotaciones de este tipo de un total de 13.541, como con el caprino, con 187 de 5.804. Sin embargo, la distribución entre ambas alternativas es ya muy distinta para el porcino, donde el intensivo supera al extensivo en número de explotaciones. Suman 7.027, un 54,7% del total, con nueve de cada diez de ellas situadas en la provincia de Badajoz. En cuanto al censo de animales, sobrepasan el 40% del regional (352.31185).
Pocas de gran tamaño
Aunque la proporción de explotaciones porcinas en intensivo es alta, no lo es el número de las de gran tamaño. De estas más de siete mil contabilizadas, solo 38 aparecen en el grupo III, las que tienen una capacidad que va de las 480 unidades de ganado mayor (UGM, medida que varía dependiendo de la especie o la edad del animal) a las 720 UGM. La mayor proporción es la de las consideradas reducidas (con una capacidad máxima de 5,1 UGM), que son 4.514.
Además, la Junta tiene registradas 345 explotaciones avícolas, 318 centradas en la producción de carne y 45 en la de huevos, con una capacidad conjunta que se acerca a los 12,3 millones de gallinas.
"En Extremadura no hay macrogranjas. En vacuno no tenemos prácticamente instalaciones grandes. Y en porcino se está hablando de siete mil animales [para una macrogranja] y aquí una instalación que sea económicamente productiva, de las más preparadas, tiene de media diez veces menos", asevera Florencio Torres, presidente de la Asociación de Mataderos de Extremadura (Asomaex), para quien este tipo de producciones pueden ser un inconveniente en países como EEUU o China, donde se toman "menos precauciones" en el ámbito medioambiental. "Que yo sepa, como se está trabajando en Europa no se está trabajando en ningún sitio. Estamos muy regulados", arguye Torres, para quien el problema de las declaraciones de Garzón es que "confunden y asustan a la opinión pública" porque "puede llegar a entenderse por macrogranja cualquiera de las granjas que tenemos en la región". Estas palabras ni siquiera benefician, añade, a los exportadores de productos prémium "como puede ser una retinta extremeña o una ternera gallega. Cuando se relaciona carne española con mala calidad, el mensaje no pude ser bueno", alega Torres.
El daño que pueda haber hecho a la imagen del sector cárnico español en el exterior ha sido una de las principales críticas esgrimidas contra Garzón. Las exportaciones españolas de carne no han parado de crecer en los últimos años, hasta alcanzar los 9.842,5 millones de euros en 2020, lo que representa un 20% de las ventas agroalimentarias. Entre enero y octubre de 2021, avanzaron el 6,5 % en tasa interanual, hasta los 8.532,5 millones de euros. De ellos, 61,9 millones correspondieron a Extremadura, un 22,2% más que en el mismo periodo de 2020. Francia, con 16,7 millones, y Portugal, con 15,4, fueron los principales destinos de los productos cárnicos extremeños, por encima de Italia (4,7 millones); Alemania (4,4 millones) y China (3,2 millones).
"Esto no es literatura pastoril, esto son explotaciones agrícolas y ganaderas a las cuales hay que hacer rentables", resaltó el Ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista en Onda Cero esta semana. "Las granjas si son pequeñas no son eficientes económicamente. Estas cosas hay que equilibrarlas y en Extremadura se están haciendo muy bien", coincide el presidente de Asomaex, que hace hincapié en que "generalmente, las explotaciones, mientras más grandes son, más cuidadas están y con muchos más controles", ya que implantan medidas correctoras que en las de menor tamaño no resulta "viable" establecer.
Alternativa utópica
Comer solo producción ecológica, aduce, es una alternativa utópica, solo viable "cuando la población española estuviese en un 10% de la actual" y, avisa: "Si aquí empezamos a tener déficits en ganadería y viene carne de China o EEUU, llegará con muchísimas menos precauciones medioambientales de las que nos tomamos nosotros. Está pasando ya con la agricultura, que aquí ponemos unos controles muy importantes que luego se saltan en las producciones que traemos de terceros países".
En España hay 165 razas ganaderas autóctonas, de las cuales 140 se encuentran en vías de extinción y las otras 25 en producción, casi todas ellas en abierto. Es en estas últimas donde se alcanzan los niveles de calidad cárnica más elevados. También de costes y, por tanto, de precios. Probablemente su mejor exponente sea la cría del cerdo ibérico en extensivo, con unas características propias que lo diferencian del resto de la producción porcina, y que podría ejemplificar a la perfección el modelo que defiende el ministerio de Consumo o las organizaciones ecologistas como el más sostenible. Para Elena Diéguez, secretaria técnica de la Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico (Aeceriber), "unas declaraciones como estas por parte de un miembro del Gobierno son absolutamente improcedentes. Si existe un caso de una macrogranja que está incumpliendo la normativa por maltrato animal o contaminación, lo que hay que hacer es informar a la Administración competente y que tomen medidas para cortar con la situación de cuajo, pero lo que nunca se puede hacer es hablar en términos genéricos de una producción cárnica de altísimo nivel, como es la española, de forma que eso pueda perjudicar, no solo al resto de las granjas intensivas, sino también al extensivo", arguye.
Si bien apunta que extensivo e intensivo "son absolutamente opuestos" en cuanto a "sistema productivo y a calidad de los productos obtenidos", matiza que se trata de dos modelos complementarios. Prescindir de la alternativa intensiva sería a día de hoy "completamente inviable. No hay terreno suficiente en nuestro país si queremos que siga habiendo espacios de naturaleza virgen". Y pone un ejemplo: en la producción de ibérico en régimen de aprovechamiento de montanera "estamos hablando de un cerdo por hectárea de terreno y en España se producen 53 millones de cabezas de porcino". Aplicarles a todos este mismo modelo equivaldría, aproximadamente, a ocupar toda la superficie terrestre española. "Es imposible y, además, innecesario", apostilla Diéguez, que aboga en su lugar por controlar el impacto ambiental y las condiciones de bienestar animal de estas instalaciones "algo que ya se está haciendo" porque la normativa española a este respecto "es muy contundente y no permite nada de lo que está afirmando el señor Garzón". A su juicio, eso sí, a lo que debería dar pie esta polémica es a que, "a través del etiquetado y de la información que se da al consumidor, este pueda saber qué productos, incluidas las carnes frescas, proceden de producciones extensivas y cuáles no, de forma que pueda elegir en función de sus gustos, preferencias y poder adquisitivo".
Las organizaciones agrarias también han mostrado un considerable enfado por las afirmaciones del ministro, que el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, califica de "auténtica barbaridad. Debería marcharse a su casa, de donde no tendría que haber salido nunca". "Unas declaraciones como estas de alguien que como él no tiene competencias sobre este tema ni tampoco conocimientos no es que favorezcan precisamente la labor diaria que realizamos en esta tierra. Garzón nos debería enseñar cuáles son esas granjas en las que dice que los animales viven hacinados y en las que se produce una carne de mala calidad que luego llega al mercado", remacha. También desde UPA se tildaron de "irresponsables y directamente falsas" las críticas del ministro, al que llegaron a pedir que rectificase o dimitiese. No obstante, durante una reunión mantenida con él este jueves, el secretario general de esta organización agraria, Lorenzo Ramos, solicitó que se saque a la ganadería familiar, el modelo mayoritario en España, del debate generado en torno a las macrogranjas, unas instalaciones contra las que este colectivo asegura que lleva "años luchando para evitar su proliferación en nuestro país".
"Destruyendo el planeta"
Greenpeace sí que ha aplaudido el posicionamiento del ministro Garzón al tiempo que ha aprovechado para pedir una moratoria para las macrogranjas en España. "La ganadería industrial está, literalmente, destruyendo el planeta y nuestro mundo rural", enfatiza Luís Ferreirim, responsable de Agricultura de Greenpeace España. "Las evidencias están ahí, y son tan fuertes que la Comisión Europea acaba de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE precisamente por el incumplimiento de la directiva de nitratos, una contaminación que, en gran medida, está provocada por la ganadería industrial, que es la que genera más excrementos y la que utiliza los campos agrícolas como auténticos vertederos", defiende. Esta misma semana, el Gobierno anunció que prevé aprobar un real decreto en 2022 sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa generada por nitratos procedentes de fuentes agrícolas con el fin de adaptarse a las exigencias europeas.
Los otros dos principales argumentos que cita contrarios a la cría macrointensiva son las emisiones de efecto invernadero del sector agrícola, "que se ha convertido ya en el tercero más contaminante de España debido a las emisiones de la ganadería", y los vertidos de amoniaco.
Los complejos de gran tamaño avícolas y porcinos están obligados a reportar sus emisiones al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR). En Extremadura aparecen en él 58 entradas de industrias activas, 46 de ellas correspondientes al sector porcino y las doce restantes al de gallinas ponedoras y otras aves de corral. En todo el país rondan los 3.800, con Aragón, Cataluña y Castilla y León a la cabeza.
El vacuno, al menos de momento, no está obligado a informar de estas emisiones. En esta especie el intensivo tiene un escaso peso en Extremadura (aunque hay siete explotaciones por encima de los setecientos animales, todas en Cáceres), pero sí que es cierto que la cabaña bovina en general realiza una significativa aportación al total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) extremeñas. Las procedentes de la fermentación entérica (metano que se genera durante el proceso digestivo normal del ganado, sobre todo en los rumiantes, y que luego el animal eructa o exhala) concentraron un 27,8% de las emisiones de GEI en la región durante 2019, más que ninguna otra subcategoría, incluido el transporte.
A finales del año pasado, Greenpeace publicó el informe ‘Macrogranjas, veneno para la España rural’. En él denunciaba el impacto ambiental de estas instalaciones y en el caso extremeño incidía en que aunque la mayoría de las explotaciones ganaderas "se dan en un sistema extensivo, característico del paisaje extremeño", en el porcino prepondera el intensivo a pesar de que la región "reúne precisamente las mejores condiciones para una ganadería ecológica, principalmente por sus excelentes dehesas". "El porcino para nosotros es el mayor problema, tanto por la generación de gases de efecto invernadero como por los excrementos que contaminan las aguas. Y en Extremadura nos sorprendió muchísimo que más del 50% de las explotaciones sean ya intensivas", sostiene Luís Ferreirim.
Su crítica va más allá de las macroexplotaciones y se dirige hacia el modelo intensivo en general "que se basa en encerrar y criar animales en espacios reducidos. Desde un punto de vista ambiental, las explotaciones de gran tamaño tienen más impacto. Nadie duda que una como la de 23.000 vacas que quieren poner en Noviercas (Soria) es una macrogranja, pero para nosotros una explotación de mil cerdos encerrados sigue siendo el mismo modelo de ganadería intensiva, que lo único que busca es producir mucho, rápido y al mínimo coste económico". Por eso, apostilla, un cambio de modelo de producción "va totalmente asociado" a otro en los hábitos alimentarios. "No es posible satisfacer el consumo que tendemos actualmente en España, que es el país de Europa que más carne ingiere por persona y día, solo con un modelo de ganadería extensiva y ecológica", reconoce.
No evitan la despoblación
Ferreirim rebate igualmente que este tipo de explotaciones sirva para evitar la despoblación del mundo rural. "En los municipios donde más ha crecido el número de animales, también ha decrecido más la población", aduce. En Extremadura, según el estudio de Greenpeace, en el 90,8% de los municipios en los que aumentó la cabaña porcina en los últimos seis años (2015-2020) se experimentó también una pérdida de habitantes.
"A lo largo de la década comprendida entre 2010 y 2020 la problemática de la contaminación de las macrogranjas, a partir de los desechos producidos, se ha agravado, pues al problema de la generación de nitratos hay que sumarle que los países de la Unión Europea han relajado los techos de emisiones de amoniaco que se derivan de esta actividad", esgrime Jorge Vega, presidente de la organización conservacionista extremeña Adenex. "Defendemos que la ganadería gestionada desde principios sostenibles y la asociada a los agroecosistemas como la dehesa, las extensiones de pastizales y los predios de montaña, no solo producen género de calidad y con garantía de bienestar animal, también mantienen el equilibrio de unos paisajes culturales que han evolucionado desde hace milenios, contribuyendo a luchar contra la despoblación rural", afirma Vega, para quien los logros" obtenidos por los sellos de calidad cárnicos extremeños Corderex, Dehesa de Extremadura o Ternera de Extremadura "demuestran que es posible integrar la producción cárnica en los criterios de sostenibilidad y calidad".
"No todos los productores intensivos de carne responden al modelo de la macrogranja, pues en muchos casos se trata de explotaciones que se basan en pequeños y medianos negocios", precisa Vega, para apostar a continuación por que la producción superintensiva se vaya sustituyendo "por explotaciones que incorporen sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento de los residuos generados" y que se apoye "con políticas públicas a los ganaderos en extensivo, auténticos garantes de la resiliencia de nuestras serranías, dehesas, tierras calmas y montes, además de bomberos preventivos, si hacemos referencia al sector del caprino".
