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Las reacciones tildan de "anacrónico" el fallo del Tribunal Supremo que veta a las mujeres en la Esclavitud del Cristo

La directora del Instituto Canario de la Mujer, Kika Fumero, cree que "pasa por encima" de los derechos constitucionales y «no se corresponde con estos tiempos»

Procesión del santísimo Cristo de La Laguna, con miembros de la Esclavitud.

Una sentencia "anacrónica" que "no se corresponde con estos tiempos ni está acorde con la jerarquía legal de España". Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno regional, criticó ayer el fallo del Tribunal Supremo que apoya que una hermandad católica de Tenerife, la Esclavitud del Cristo de La Laguna, excluya a las mujeres. «Los derechos constitucionales prevalecen sobre el resto del ordenamiento jurídico en un estado de derecho y una democracia como España. Y uno de los derechos consagrados por la Constitución española es la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. El Supremo, sin embargo, no ha dado preferencia en este caso a los derechos constitucionales, ni a las leyes orgánicas que amparan los derechos humanos», explicó.

La decisión del Tribunal Supremo, según la directora del Instituto de Igualdad, "pasa por encima de los derechos fundamentales", que "sirven en un estado de derecho para que no haya ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda". La de Kika Fumero fue una de las reacciones más contundentes sobre la sentencia del Supremo. También lo fueron las de dos concejales del Gobierno lagunero, Rubens Ascanio e Idaira Afonso, ambos de Unidas Se Puede. «Lo de la Esclavitud no tiene nombre; lo del Tribunal Supremo, tampoco. Son parte del mismo modelo donde la igualdad no tiene cabida, donde el siglo XXI no existe», aseguró Ascanio, primer teniente de alcalde de La Laguna, que admitió: «Siento vergüenza de que esto pase en el municipio donde vivo. Tengo claro que ninguna entidad que excluya a las mujeres va a tener el más mínimo respaldo de Unidas Se Puede».

"El Ayuntamiento tiene muy clara la defensa de la plena igualdad entre hombres y mujeres"

Luis Yeray Gutiérrez - Alcalde de La Laguna

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"Siento vergüenza de que esto pase donde vivo; lo de la Esclavitud y el Supremo no tiene nombre"

Rubens Ascanio - Primer teniente de alcalde

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"Creo que en este caso deben prevalecer los derechos constitucionales de igualdad"

Gerardo Perez - Doctor en Derecho

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“¿El Supremo habría fallado lo mismo si en lugar de mujeres fueran personas negras?"

Gloria Poyatos - Mujeres Juezas de España

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«Ninguna entidad, sea religiosa o no, debería excluir a la mitad de la población. Es injustificable y en este caso, además, no se corresponde con el propio pasado histórico del culto al Cristo de La Laguna, donde las mujeres jugaron un papel importante desde sus inicios, como relató el Cronista Oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo». Al análisis de Rubens Ascanio se sumó su compañera de Unidas Se Puede Idaira Afonso, responsable de Igualdad: «Se ha perdido una gran oportunidad de demostrar una postura igualitaria y de defender la posición y el papel de la mujer también en la religión». Para Afonso es «un nuevo mazazo de instituciones que deberían defender a la mitad de la población».

El alcalde de La Laguna, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, también dio ayer su valoración sobre este fallo judicial. «El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que hay que aceptar. Lo que sí puedo decir es que desde el Ayuntamiento de La Laguna tenemos muy claro que la defensa de la plena igualdad entre hombres y mujeres es un objetivo irrenunciable y trabajamos para que sea una realidad en todos los ámbitos».

Francisco Doblas, esclavo mayor –máximo responsable– de la Esclavitud del Cristo de La Laguna, la hermandad religiosa cuyo recurso ha sido apoyado por el Tribunal Supremo tras dos sentencias desfavorables, evitó ayer pronunciarse sobre la decisión judicial. «Solo puedo decir que la respeto y acato». Acto seguido, aclaró: «He sido el primer esclavo mayor en más de 400 años de historia de la Esclavitud del Cristo de La Laguna que ha apoyado la inclusión de la mujer. Eso sí, es una decisión que tiene que adoptar la Asamblea General». Aún cuando es su intención incorporar a la mujer, la hermandad lagunera lo sigue rechazando.

Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna y doctor en Derecho, opina que «deben prevalecer los derechos constitucionales, como el de igualdad y no discriminación por razón se sexo». Admite que no se esperaba la sentencia del Supremo y cree que «hay posibilidades» de que el Tribunal Constitucional apoye la integración de la mujer en la hermandad si se presentara un recurso. «Es otro caso en el que entran en colisión derechos fundamentales, como la igualdad por un lado y la libertad de organización de una entidad religiosa por otro. Dos sentencias anteriores dieron preferencia al derecho a la igualdad, consagrado por la Constitución española, pero ahora el Supremo lo hace con el derecho de esta hermandad a fijar sus criterios organizativos», precisó.

También se manifestó ayer la cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Gloria Poyatos. Se preguntó, en una valoración recogida por la agencia Efe, «si la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo hubiera fallado lo mismo si las excluidas, en lugar de mujeres, fueran personas negras». «Urge integrar a las mujeres en la Sala Civil del Tribunal Supremo, cuya presencia es una anécdota: solo habita una magistrada. Si ellas llegan, también llegan las experiencias, preocupaciones y aspiraciones femeninas. Y quizás este fallo sería otro», escribe Poyatos en su cuenta de Twitter, en un hilo donde critica la decisión del Supremo de revocar las sentencias que amparaban a un grupo de mujeres que demandaban ingresar en esa cofradía católica.

«El derecho a aplicar es el actual, no el de 1659, porque en tal caso yo no tendría Derechos Humanos», argumenta Poyatos, que desgrana algunas partes del fallo –suscrito por cuatro magistrados hombres– y cuestiona que el sexo tenga algo que ver con las actividades y fines que desarrolla la hermandad, otro de los argumentos utilizados por el Supremo.

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