Hay que decir que esta ley asume desde el principio que existe un gap enorme entre el camino actual en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las obligaciones que asumieron los estados en el Acuerdo de París de 2015. Por eso, y para agilizar el proceso, España debe ofrecer respuestas solidarias a los colectivos más afectados por el cambio climático y la transformación de la economía, así como minimizar los riesgos financieros asociados al incremento en el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero y a los sectores más afectados a la hora de poner en marcha políticas de descarbonización.

El Acuerdo de París establece una arquitectura sólida y universal que tiene como objetivos globales mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 ºC respecto a los niveles preindustriales e, incluso si es posible, por debajo de 1,5 ºC; asegurar la coherencia de los flujos financieros con el nuevo modelo de desarrollo y aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Pero para cumplir con los objetivos en el año 2030, la Unión Europea estimaba inicialmente que debía movilizar unas inversiones anuales adicionales de unos 180.000 millones de euros. La escala del desafío va más allá de la capacidad de la inversión pública.

Por ello, y como condición necesaria, se precisa adecuar el sistema financiero europeo, su cultura y sus incentivos, a los nuevos criterios de sostenibilidad financiera. Esta ley quiere, con ello, poner en valor la oportunidad económica que representa para nuestro país hacer la transición de manera adecuada poniendo en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y el cambio energético como vector clave de la economía y la sociedad. De hecho, el gobierno afirma que, como consecuencia de la movilización inversora de 200.000 millones de euros que promueve esta ley durante la próxima década, el PIB español se incrementará anualmente entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año. Por su parte, el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 puestos al final del periodo.

Las transformaciones necesarias

El objetivo es la mejora sistemática de la eficiencia energética de la economía. Concretamente, la previsión es que la intensidad energética primaria de la economía española mejore anualmente en un 3,5 % anual hasta 2030; asimismo, la dependencia energética del país, del 74% en 2017, se estima que descienda al 61% en el año 2030 como consecuencia de la caída de las importaciones de carbón y de petróleo. Estas caídas estarán provocadas por la transición hacia una economía más eficiente y basada en tecnologías renovables en todos los sectores de la economía. Este cambio estructural no solo beneficiará a la balanza comercial de forma notable, sino que fortalecerá la seguridad energética nacional.

Para canalizar todas las oportunidades, la ley debe asegurar la consecución de la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en España antes del año 2050 y un sistema energético eficiente y renovable, facilitar una transición justa, y garantizar la coherencia con los objetivos en los ámbitos de actuación pública y privada. Garantizar la transversalidad de las políticas de cambio climático y de transición energética y la coordinación de las mismas será fundamental para potenciar las sinergias encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático y permitirá afrontar con mayores garantías el desafío que dicho cambio climático supone para la seguridad nacional. La transición hacia un modelo productivo más ecológico que sea socialmente beneficioso, en un país con altas tasas de desempleo como España, se logrará promoviendo la transición ecológica de las empresas, las metodologías de trabajo y del mercado laboral en general. Estos esfuerzos crearán oportunidades de empleo decente, incrementando la eficiencia de los recursos y construyendo sociedades sostenibles con bajas emisiones de carbono.

En el punto de mira

Numerosos estudios coinciden en señalar a la región mediterránea como una de las áreas del planeta más vulnerables frente al cambio climático. España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, se enfrenta a importantes riesgos derivados del cambio climático que inciden directa o indirectamente sobre un amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos.

Actuar con rapidez

Las conclusiones actualizadas de la comunidad científica se recogen en un informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) donde se asegura que si las actividades humanas son ya las responsables de un aumento de las temperaturas globales de aproximadamente 1 ºC sobre el nivel preindustrial lo que indica que, al ritmo actual, el aumento de 1,5 ºC se alcanzará entre 2030 y 2052, mientras en España, este aumento será superior a la media en casi 0,5 ºC.