PP, Vox y Asamblea por la vida (que representa a unas 140 organizaciones) han acordado una línea de actuación, con un plan de acción, para evitar que la Ley de Eutanasia que, previsiblemente se aprueba este jueves en el Congreso, se ponga en marcha en España.

El exministro del PP y portavoz de la Asamblea por la Vida, Jaime Mayor Oreja, ha comparado esta norma con la "socialización del miedo" que ETA propició en su "etapa en el País Vasco" y ha explicado que ahora se "socializa el mal entre los médicos, los pacientes y las personas de una familia".

Según han explicado los implicados, desde el Parlamento, en concreto Vox, se recurrirá el texto al Tribunal Constitucional, mientras que las asociaciones registrarán en la Cámara baja una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para poner en marcha un Plan Integral de Cuidado paliativos.

En declaraciones a los periodistas, tras una reunión en el Congreso, el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, ha denunciado la "tramitación acelerada" de una Ley de Eutanasia que, a su juicio, es "poco rigurosa y carente de rigor técnico, sanitario, jurídico y parlamentario".

El diputado ha lamentado que esta norma vaya a "transformar los principios básicos de la sociedad" del país, sin que se le haya consultado a los ciudadanos y solo para lo que ha calificado como "el desarrollo de un programa ideológico" de "una agenda radical".

Por parte de Vox, su diputada Lourdes Méndez, ha señalado que recurrirán la norma ante el Constitucional solicitando que "no se aplique" la misma hasta que "no se dicte sentencia" desde el Tribunal, "tal y como se ha hecho con el aborto". Méndez espera que el Constitucional "responda" a esta solicitud, ya que, según ha denunciando, la Ley que mañana se aprueba "vulnera muchos artículos" de la Carta Magna, "especialmente el artículo 15 de derecho a la vida".