Ana Obregón ha sido madre por segunda vez a los 68 años de edad. Para conseguirlo, la actriz ha recurrido a la gestación subrogada, una técnica de reproducción asistida que solo está permitida en algunos países como Canadá, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Georgia, Grecia, Reino Unido y Australia, entre otros.

El nacimiento de la hija de la actriz ha reavivado la polémica sobre los ‘vientres de alquiler’ y son muchos los que han acusado a Obregón de “comprar a golpe de talonario” a su hija, para colmar sus deseos de ser madre ya que de otra manera no hubiese sido posible.

¿Qué es la gestación subrogada?

La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer lleva a término un embarazo en nombre de otra persona o pareja. Esta práctica, terriblemente controvertida desde el punto de vista ético y emocional, está regulada mediante un contrato en el que se establece que la gestante renunciará a sus derechos sobre el bebé tras el parto en favor de unos terceros, normalmente a cambio de dinero.

Ateniéndonos a la clasificación más esencial de esta técnica podríamos decir que la gestación subrogada puede ser parcial o gestacional y comercial o altruista. Será parcial cuando la gestante sea quien, además de su vientre, ceda sus propios óvulos para la fecundación, mientras que se califica como gestacional o completa cuando ésta sólo actúa como portadora durante nueve meses del embrión fecundado de otra pareja, de la que sería hijo biológico.

Por otra parte, si la gestante, bien sea parcial o completa, recibe una compensación económica a cambio de dar a luz al futuro hijo de otras personas se considerará que lleva a cabo una gestación subrogada comercial. En cambio, si no percibe dinero por ello, más allá quizá de los gastos propios derivados del embarazo, se considerará que la gestación subrogada es altruista.

¿Es legal en España?

En España, la gestación subrogada no es legal al estar prohibida por el artículo 10 de la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Además, recientemente ha sido tipificada como explotación reproductiva y una forma de violencia contra la mujer, en la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor el pasado mes de febrero.

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero intentó incluir en la Ley de Salud sexual que se persiguieran los contratos sobre la gestación subrogada en terceros países, pero no hubo acuerdo debido a las complicaciones por la importancia que supone para el Estado garantizar los derechos del niño y no ponerlos en riesgo.

También se ha pronunciado la justicia española sobre la gestación subrogada. Hace apenas un año, el Tribunal Supremo se pronunció duramente contra los ‘vientres de alquiler’, calificando de "atentado a la dignidad humana" esta práctica de pagar por que una mujer geste y dé a luz en el extranjero a un niño o niña que se quedará una familia española.

El Supremo considera que entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son "inaceptables" y los trata como "meros objetos".