Algunas medidas y resoluciones judiciales, para decirlo en términos benévolos, incitan al asombro y al desconcierto, no por su contenido, sino por el hecho mismo de haberse demandado y provocar un pronunciamiento que, en buena lógica, parecía prescindible. Simplemente, porque hay cosas que saltan a la vista y cuentan con el aval del sentido común. Por ejemplo, no hay justificación suficiente para seguir explotando de forma particular un aparcamiento después de haberlo cedido a la titularidad pública mediante convenio de licencia para una macro reforma que ha acabado en transformación plena. Solo la apetencia económica desmedida puede deformar esta visión. Y es lo que ha ocurrido.
Si, hablamos del hotel Formentor. El juzgado le desestima la segunda solicitud de medidas cautelares con las que pretendía mantener el control del parking mientras se resuelve el recurso de la revocación de la licencia concedida en 1999. El alcalde de Pollença concede un margen de 10 días para desalojar un espacio que es de propiedad municipal desde junio de 2021. De no cumplirse el plazo, se anuncian «multas coercitivas».
El perjuicio económico y el despido de cuatro trabajadores son los soportes esgrimidos por el hotel Formentor para seguir haciéndose suyo el estacionamiento de todos. Es evidente que, mirando este único apartado, el establecimiento sale mal parado y también queda claro que esta visión parcial es interesada en exceso. A la hora de firmar el convenio de cesión, seguro que sopesó pros y contras. Es más, mirado en conjunto y con la perspectiva del tiempo transcurrido, tampoco se pueden albergar dudas de que se ha hecho lo que se ha querido y del modo en que ha resultado conveniente. Los arreglos legales son a posteriori.
