El último pleno ordinario celebrado en Santanyí ha reclamado «medidas contundentes» contra la ocupación ilegal de viviendas a raíz de una moción presentada por el equipo de gobierno motivada por los últimos episodios de ocupación ilegal ocurridos en el municipio. «Es necesario que el Ayuntamiento reclame una legislación más contundente y que ampare tanto a los propietarios como a las personas en situación de vulnerabilidad», explicó la alcaldesa Maria Pons.
El texto aprobado insta al gobierno central a modificar el código penal para «endurecer las penas» en las ocupaciones, especialmente en los casos de crimen organizado. También se reclaman nuevas medidas para mejorar la protección de los propietarios cuando se ven privados del acceso a los bienes sin su consentimiento y que el desalojo de viviendas ocupadas en caso de "flagrante delito" se produzca en un plazo de 24 horas por parte de la policía.
Además, la propuesta del gobierno local incluye la emanda de un nuevo apartado en las bases de régimen local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal, además de solicitar que esta inscripción "se considere nula y no sea una prueba para acreditar la residencia".
