Acabar a tiros con la vida de una persona es un crimen. Ya no digamos si se perpetra con el agravante de hacerlo por ideas personales o planteamientos políticos y se consuma atando de manos a la víctimas.
Son hechos de la Guerra Civil que se sabían y la apertura de fosas ha confirmado. En derechos humanos y democracia no cabe espacio para estas tragedias denigrantes, ni siquiera de forma retrospectiva.
No hay margen para el honor ni la exaltación de los verdugos del franquismo. Si acaso, el reconocimiento será en exclusiva para sus víctimas involuntarias y sus familias.
Pero estos principios elementales de la buena conciencia del respeto a la vida y a la libertad, por contradictorio que sea, no siempre encajan de forma adecuada con el marco legal. Es una cuestión de madurez y pluralidad democrática.
En 2018 el Govern presentó denuncia por crímenes contra la humanidad por los hallazgos en las exhumaciones de Sant Joan y Porreres. Entonces la fiscalía no le dio trámite al considerar que eran hechos prescritos y amnistiados. Menos mal que no los negó.
El buen nombre de los fusilados y el dolor de sus familias sigue sin ser reparado.
El plan de fosas ha continuado destapando desastres. El Govern vuelve a intentarlo. La nueva ley de Memoria Democrática y la creación del fiscal de Sala sobre la materia y derechos humanos permiten al Ejecutivo albergar esperanzas de que esta vez sí existe una vía jurídica para condenar los crímenes de lesa humanidad de naturaleza imprescindible y efectos permanentes atribuibles al franquismo.
El daño está consumado, las heridas mal cicatrizadas. La reparación legal es un bálsamo posible y necesario.
