‘Joan Carles Verd Cirer. Alcalde corrupto’. Es el mensaje que ha aparecido en forma de pancarta en un poblado ilegal en suelo rústico formado por casas prefabricadas en el municipio de Sencelles. Este asentamiento, fácilmente visible desde la carretera vieja entre Palma y Sineu, ya había sido sentenciado a mediados del pasado año 2021 por la Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca, que ordenó el derribo de hasta 37 construcciones ilegales que se han ido habilitando en una finca de 11.000 metros cuadrados parcelada en ocho porciones independientes.
El alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, tiene intención de presentar una denuncia por difamación ante la Guardia Civil contra el presunto responsable de la colocación de la pancarta, que según Verd sería el promotor de la urbanización ilegal porque «hay testigos que así lo aseguran».
El alcalde atribuye el mensaje que le tacha de corrupto a la necesidad del responsable del asentamiento irregular de «lavarse la cara ante los vecinos», a pesar de que las competencias sobre el control urbanístico en suelo rústico pertenecen al Consell y no al Ayuntamiento. «Supongo que se ve presionado por la gente que vive allí, ya que empiezan a recibir órdenes de demolición y multas coercitivas por parte del Consell y piensa que así puede coaccionarme», explica Verd.
El regidor de El Pi, que optará a mantener el cargo de alcalde en las próximas elecciones, explica que el promotor de este asentamiento llevaría a cabo un ‘modus operandi’ similar en distintas zonas del municipio donde han aflorado poblados integrados por casas prefabricadas. De momento, se han expedientado dos asentamientos de este tipo que, a pesar de su condición ilegal, siguen ampliándose. De hecho, Verd recuerda que la pasada semana la Policía Local de Sencelles paralizó el montaje de otra caseta.
Al parecer, según ha declarado el alcalde, el responsable compraría parcelas rústicas que «tienen un valor de mercado muy bajo» debido a que no tienen ningún derecho edificatorio para después «embaucar» a gente a la que «hace creer que, en base a no se sabe qué normativa, podrán residir allí si habilitan un pequeño huerto agrícola». Verd asegura que el promotor cobra unos 10.000 euros por la entrada y después percibe una renta mensual.
La animadversión del responsable de estos núcleos de población ilegales hacia el alcalde de Sencelles estaría relacionada con la negativa del Ayuntamiento a conceder las licencias que viene solicitando a la institución municipal y a empadronar a los vecinos de este asentamiento que así lo solicitan. «A los que vienen a empadronarse les decimos que es un fraude de ley; si lo hiciéramos después no podríamos precintar las casetas ilegales», explica Verd, que «nunca» ha hablado personalmente con esta persona que «sí conocen en el área de Urbanismo porque en algunas ocasiones ha venido a lanzar amenazas».
El alcalde ha recibido algunos apoyos en el municipio como el de la OCB, que le «agradece» su tarea «en contra de ilegalidades urbanísticas contrarias al Plan Territorial y a las éticas normas de convivencia».
La resolución de la ADT contempla la demolición de hasta 37 elementos «implantados ilegalmente» en la finca. Además, la agencia dependiente del Consell ha impuesto una multa de 119.000 euros a los promotores y ejecutores de estas actuaciones. También denunció al promotor ante la Fiscalía por su negativa a paralizar las obras.
