Las obras de una treintena de viviendas de lujo en una zona emblemática de Bunyola, frente a la possessió de Can Mas, se han reactivado después de que fuesen paralizadas de forma cautelar en 2019 por parte del pleno del Ayuntamiento para recabar informes del Consell de Mallorca y del Consell Consultiu sobre la legalidad de la licencia municipal.

El Ayuntamiento tomó esa decisión, en plena polémica vecinal y ecologista por el inicio de las obras de lo que popularmente se conoció en ese momento como Petit Bunyola, en analogía con el controvertido proyecto del Petit Deià que significó la creación de una nueva urbanización en este pueblecito de la Serra de Tramuntana. La oposición de vecinos se articuló a través de la creación de la plataforma ciudadana Salvem Can Mas.

El equipo de gobierno de Bunyola informó de que tanto el Consell como el órgano consultivo emitieron sendos informes en que concluyeron, en líneas generales, que la concesión de esa licencia para construir 36 viviendas, 45 plazas de aparcamiento y una piscina era una competencia municipal. 

Cabe recordar que la promoción se sitúa en un solar que se considera urbano en el plan general de ordenación urbana (PGOU) de Bunyola que data de finales de la década de los setenta.

Oposición del GOB

Coincidiendo con el reinicio de las obras, se ha vuelto a reactivar la oposición ecologista, encarnada por el GOB, que expresó su sorpresa por el hecho de que se hayan iniciado los trabajos «en un solar que no dispone de los servicios urbanísticos necesarios».

En 2019, la entidad ecologista ya había exigido que se anulase la licencia al entender que había habido varias irregularidades en su tramitación. 

Impacto visual

El GOB mencionó en este sentido el impacto visual en el paisaje que supone la promoción urbanística, y el hecho de que el informe jurídico necesario para otorgar los permisos no fuese emitido por un funcionario.

En una nota de prensa hecha pública ayer, la organización volvió a incidir en esos argumentos, haciendo hincapié de forma especial en que se trata de un solar que «no dispone ni de agua, de conexión al alcantarillado ni, sobre todo, acceso rodado».

Todo ello ha llevado al GOB a requerir al Ayuntamiento toda la documentación relativa al expediente urbanístico, antes de que prosigan las obras. También ha solicitado un informe para aclarar si ese terreno urbanizable puede estar entre los afectados por el decreto ley que se aprobó en 2020 sobre medidas urgentes de protección del territorio de Balears.

Postura del Ayuntamiento

A raíz de las críticas del GOB, el ayuntamiento de Bunyola aseguró que el proyecto «está amparado en una licencia de obras concedida por el Consistorio, adaptándose a la normativa vigente en materia de edificabilidad». Recordó la administración que éste es un «acto reglado» que se tramita a través del gobierno municipal «con toda la documentación reglamentada». Agregó que esta licencia «viene amparada por los informes favorables de los técnicos urbanísticos y jurídicos» del Ayuntamiento. Reconoció el Consistorio que cualquier nueva edificación, y sobre todo en un pueblo con las características de Bunyola, representa un «impacto visual», pero aseguró que resulta «inevitable» si el proyecto se adapta a la normativa. Señaló la administración municipal que la obra se proyecta delante de las casas de la antigua possessió de Can Mas, que «ha contado históricamente con todos los servicios municipales», en alusión a la crítica del GOB de que carece de esos servicios.

El equipo de gobierno enfatizó que está en negociaciones con el Consell para tener un PGOU «que permita una ordenación más adaptada a los tiempos actuales en materia urbanística». El actual data de 1978.