El Consell de Mallorca ha dado carpetazo definitivo al proyecto de ampliación de la carretera entre Sóller y Deià treinta años después de que fue proyectada. Y lo ha hecho con el archivo definitivo del procedimiento de expropiación y la devolución de los terrenos afectados que se promovió para llevar a cabo una obra que nunca llegó a ejecutarse en su totalidad. Las expropiaciones de los terrenos rústicos afectados han estado vigentes hasta estos días, generando problemas jurídicos a los propietarios en la delimitación de sus fincas y en la propia administración a la hora de trazar los límites del dominio público de la carretera Ma-10.
Los servicios técnicos de la institución insular han realizado un exhaustivo trabajo de investigación en un expediente que se inició a finales de 1992 cuando la Consejería de Obras Públicas del Govern balear presidido por Gabriel Cañellas ejecutó la expropiación de los terrenos por donde debía pasar la vía. De esa ocupación quedaron afectadas 82 parcelas que sumaban 62.116 metros cuadrados de terreno para construir una ampliación de la carretera que nunca llegó a ejecutarse en su totalidad, ya que la contratista tan sólo hizo una primera fase de la obra. Ahora, que se archiva definitivamente el procedimiento de expropiación, los terrenos afectados serán devueltos a sus antiguos propietarios ya que la administración ha decidido enterrar definitivamente el proyecto de ampliación y se subsanarán así todas las molestias de tipo catastral que venían teniendo desde hace tres décadas.
Los informes elaborados por el Consell apuntan que la institución «no necesita disponer de los terrenos ocupados según las actas levantadas en su momento, ni tiene previsto ejecutar ningún proyecto de esta envergadura», salvo la pavimentación del tramo entre Sóller y Llucalcari.
Desistimiento
Los técnicos añaden que pese a estar vigentes las expropiaciones, «dado el tiempo transcurrido es obvio que existe un desistimiento tácito por parte de la administración», algo que tiene como finalidad acabar con la «inseguridad jurídica» entre los afectados. La finalización de este proceso pondrá fin a los problemas de gestión catastral de las 82 parcelas afectadas y con los inconvenientes a las que han estado sometidas desde hace treinta años, incluso a la hora de realizar una transacción de compraventa por estar afectadas por una ocupación de terrenos por parte de la administración que no fue más allá que del papel.
Tras una polémica que se prolongó durante años y una fuerte contestación vecinal de Sóller y Deià, el proyecto de ampliación de la carretera Ma-10 (antes la C-710) quedó herido de muerte. El remate se produjo unos años después, en 1995, cuando la empresa a la que se le adjudicó la obra, Bayopsa, quebró y dejó los trabajos muy lejos de concluirlos.
Entonces sólo se había realizado un tramo de la ampliación de unos dos kilómetros de longitud (desde Sóller en dirección a Deià) que finalmente no se siguió.
La construcción de la polémica ampliación de la quiebra y la posterior quiebra de Bayopsa generó también un notable escándalo político que salpicó al entonces presidente Cañellas, que poco después se vería obligado a dimitir de su cargo por el caso Túnel de Sóller.
Le tomó el relevo el president Cristòfol Soler, que en su breve mandato dio carpetazo al proyecto de ampliación de la carretera que en dos tercios de su recorrido mantiene el mismo trazado que hace tres décadas.
82 parcelas que suman 62.116 metros cuadrados
Pese a que la obra no se llegó a ejecutar en su totalidad por la quiebra de la constructora, la administración tenía bajo su poder 62.116 metros cuadrados de terreno rústico de un total de 82 propiedades diferentes.
El Govern balear de 1992 expropió las parcelas afectadas, pero no ha sido tres décadas más tarde cuando ha decidido devolverlas para acabar con la inseguridad jurídica de los afectados.
