La mayoría de aspectos y comportamientos particulares vinculados con el urbanismo y el ámbito rural tienen trascendencia pública. Un edificio adecuado en el lugar idóneo se vuelve bien colectivo del mismo modo que lo hace un cultivo apropiado o un bosque respetado. De ahí que la Administración esté obligada a ejercer de árbitro legal y que surjan colectivos concienciados para velar por el patrimonio que acaba siendo de todos.
Vecinos de Cala Blava han dado la voz de alarma sobre una tala masiva de pinos en terreno particular que entienden como deforestación. Hechas las correspondientes averiguaciones, se sabe que está autorizada y queda claro que, pese al impacto paisajístico, no cabe denuncia ni intervención mientras no se modifique la estructura vegetal de la zona. Puede parecer bien o mal, pero las cosas, y las normas legales, son así. En este caso habría que concretar, sin embargo, si el número de árboles aniquilados cuadra con los permitidos para aliviar la franja de protección de la carretera.
Lo que ocurre ahora el Cala Blava no se puede disociar tampoco de las presiones y estrés que, entre altos porcentajes de intervenciones por un lado y abandono por otro, sufre el medio natural en Mallorca. A las constantes ocupaciones en beneficio de parques solares, ahora tan en boga, hay que sumar intervenciones particulares con fines diversos. Los bosques no tienen término medio, o son adulterados o abandonados. En definitiva, un desequilibrio por falta de uso cotidiano.
