El controvertido proyecto de macroparque solar en Inca y Selva, con una previsión de más de 70.000 placas solares en un entorno agrario, queda frenado, después de que no se hayan cumplimentado en plazo todos los trámites para conseguir la conexión eléctrica ante Red Eléctrica. Al parecer, la compañía debería comenzar toda la tramitación desde cero.
A preguntas de este diario, Red Eléctrica informó de que no es que haya denegado ningún permiso, sino que el promotor debía cumplir con unos «hitos» para finalizar el proceso, como la obtención de la declaración de impacto ambiental (DIA), tal y como prescribe el real decreto-ley 23/2020, de 23 de junio.
Esa declaración debía acreditarse en unos plazos fijados por normativa que finalmente no se han dado. La no acreditación de ese trámite hace que caduquen los permiso de acceso y conexión obtenidos en su momento por el promotor.
Red Eléctrica señala que esa caducidad es automática al tratarse de un procedimiento reglado y que, en todo caso, sin entrar al fondo del asunto, le correspondería a la administración autonómica o al promotor dar las explicaciones oportunas por el retraso en la obtención de la DIA.
Zona idílica
Este macroproyecto había provocado una fuerte oposición de organizaciones ecologistas y vecinos, que en las últimas semanas habían recogido un millar de firmas para solicitar la paralización de la infraestructura por su impacto paisajístico en una zona idílica de foravila.
En un Consell de Govern del pasado mes de enero, esta infraestructura proyectada en Inca y Selva fue declarada proyecto industrial de interés estratégico, una declaración recurrida por la organización ecologista GOB.
El parque fotovoltaico Fénix Energy constaría de 74.520 paneles solares. Se planeaba en la parcela uno del polígono 11 del término municipal de Inca y en la parcela 3 del polígono 7 de la localidad de Selva. Además de los paneles ya mencionados, según se publicó en aquel entonces en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB), contaría con nueve centros de transformación, una subestación, un sistema de baterías de almacenamiento y un edificio de control, entre otras dependencias.
Oposición ecologista
Los movimientos ecologistas se han posicionado en contra de la instalación fotovoltaica. El GOB, por ejemplo, advirtió de que ocuparía más de 52 hectáreas de Inca y Selva, y lamentó que se inicie así una nueva etapa que estará marcada por grandes parques en terrenos agrícolas, pero con «propuestas de compensación vía siembra e informes de agrocompromiso».
En parecidos términos se ha venido expresando Terraferida, que ha advertido de que las 52 hectáreas sobre las que se proyecta la instalación «son de las mejor conservadas de la comarca del Raiguer». «Han producido alimentos, servicios y biodiversidad a lo largo de los siglos», argumenta este colectivo.
