El interventor del ayuntamiento de Calvià discrepó este jueves de algunas de las conclusiones del último informe de la Sindicatura de Comptes de Balears (un órgano fiscalizador de las administraciones públicas) que detectó una serie de deficiencias en las cuentas municipales del año 2020, en plena pandemia.
El interventor intervino a petición del alcalde Alfonso Rodríguez Badal, durante el debate de una moción presentada por el Grupo Popular, que pedía la reprobación del gobierno municipal (PSOE y Podem-Més) por su gestión económica a raíz de las conclusiones de la Sindicatura.
La moción fue rechazada, pero provocó un intenso y complejo debate político sobre si existen irregularidades en las cuentas de Calvià, lo que descartó en una detallada intervención el funcionario, algo inusual en las sesiones plenarias.
«Hemos estudiado el informe y no estamos de acuerdo en el fondo con él por una serie de cuestiones», comenzó su argumentación. Se refirió, por ejemplo, al hecho de que el Ayuntamiento no presentase un inventario actualizado de los bienes municipales, lo que reprocha la Sindicatura.
Explicó que «tener un inventario actualizado y valorado para vender y comprar no es necesario», porque son trámites que ya se cumplimentarían en caso de realizar algún proceso de compraventa.
Con rotundidad, aseguró que, llegado el caso, el área de Intervención de Calvià podría defender ante el Tribunal de Cuentas una gestión económica en la que la Sindicatura, remarcó, no ha encontrado contrataciones ni subvenciones ilegales. «Estamos cumpliendo con la legalidad en su totalidad», concluyó.
Duros ataques del PP
El PP no lo vio de la misma manera. La edil popular Luisa Jiménez quien recuperó protagonismo en el grupo tras su renuncia como portavoz de hace unas semanas, desgranó otras de las conclusiones del informe de la Sindicatura correspondientes a 2020. Jiménez refirió que el órgano fiscalizador da cuenta de 22 expedientes de facturas por un valor total de 650.000 euros, «que en 2019 guardaron en un cajón para pagarlas en 2020». Apuntó también que la Sindicatura recuerda al Ayuntamiento que las facturas por importes elevados debe firmarlas el alcalde «y no los tenientes de alcalde».
En materia de contratación, la regidora del PP explicó cómo la Sindicatura habla de que hay dos contratos menores que fueron abonados antes de que se prestase el servicio, y agregó que en un análisis de 20 nóminas del Consistorio este organismo halló conceptos equivocados. De hecho, en la página 26 del informe fiscalizador, puede leerse, por ejemplo, lo siguiente: «En 17 de los 20 trabajadores seleccionados, el importe abonado en la nómina en concepto de complemento específico no corresponde a los importes fijados en la Relación de Puestos de Trabajo».
"Acusaciones gravísimas"
El alcalde socialista se empleó a fondo para rebatir todos esos argumentos. Reconoció que pudo haber algún error en las nóminas y que, de hecho, el Ayuntamiento presentó alegaciones ante la Sindicatura. Unas alegaciones que, lamentó, no se recogen en el informe definitivo de este organismo público.
« Hablan de prácticas ilegales, dicen que miento, dicen que hay facturas en cajones… Eso hace años sí que existía [en alusión a los gobiernos del PP]"
Dirigiéndose al PP, señaló: « Hablan de prácticas ilegales, dicen que miento, dicen que hay facturas en cajones… Eso hace años sí que existía [en alusión a los gobiernos del PP]. Si quiere, le explico lo que me encontré en 2015. Están aquí haciendo acusaciones gravísimas». Rodríguez Badal remarcó que existe un «control férreo» de cada contrato y, en general, de toda la gestión municipal, que «ha logrado reducir la deuda de 55 millones a unos dos millones».
El teniente de alcalde de Servicios Económicos, Marcos Pecos (PSOE), recordó que, en 2022, la Sindicatura emitió otros dos informes que constataban que el Ayuntamiento «cumple con la legalidad y destaca por su transparencia». Y enfatizó que las cuentas de 2020 sirvieron para levantar un «escudo social» ante la crisis sanitaria por la covid.
