El debate se ha abierto en Mallorca. Existe un consenso generalizado en que la apuesta por las energías renovables no admite marcha atrás, ¿pero eso significa que se puede dar ‘barra libre’ al aluvión de proyectos de parques fotovoltaicos que se han sucedido en los últimos tiempos? ¿Esa proliferación no va en detrimento del paisaje agrario y la actividad agrícola?
Estos son las cuestiones que han puesto encima de la mesa colectivos ecologistas de Mallorca y a nivel estatal, que han expresado su oposición a la iniciativa gubernamental de simplificar trámites y eximir a los macroproyectos de la correspondiente evaluación ambiental, un detallado y amplio proceso administrativo en que se analizan los impactos de una infraestructura.
La nueva disposición se plasma en un real decreto ley que ayer se debatió en el Congreso de los Diputados y que, en la práctica, limita «la participación de la ciudadanía impidiendo alegar» y priva a las entidades ecologistas «de conocer los expedientes y formular alegaciones», según denuncia la plataforma estatal ‘MACROrenovablesNO’.
En esa plataforma, se integran entidades como Terraferida, que alerta de la pérdida de «tierra fértil imprescindible, [de] payesía, biodiversidad, paisaje y espacios de alto valor ecológico». «Hay muchos espacios degradados donde poner renovables, pero prefieren inflar multinacionales con dinero público que favorecer mucho más el autoconsumo», señalan desde esta plataforma.
«Hay muchos espacios degradados donde poner renovables, pero prefieren inflar multinacionales con dinero público que favorecer mucho más el autoconsumo»
Terraferida sostiene que, en plena ‘fiebre’ por la transición energética, un gran número de multinacionales «se ha lanzado a hacer proyectos cada vez más descomunales e invierte una cantidad enorme de dinero en convencer a gobiernos, asociaciones y gente influyente para construir centrales» a lo largo y ancho del territorio. «Buscan beneficios, el cambio climático les importa cero», concluyen desde esta entidad.
Artículos 22 y 23
La clave del cambio normativo radica en los artículos 22 y 23 del mencionado real decreto ley, ya que modifica los parámetros existentes hasta la fecha para dar la autorización medioambiental a los proyectos de energías renovables de más de 50 megavatios, según lamentan los colectivos ecologistas. En la Comunidad, el órgano encargado de realizar este tipo de informes es la Comisión de Medio Ambiente de Balears, presidido por Antoni Alorda. En declaraciones a este diario, Alorda explica que, en las reuniones previas a nivel estatal, ya expresó su oposición a esta medida. Señala que, al menos, se ha conseguido que la nueva prescripción no tenga carácter básico y por tanto sólo es de aplicación para la Administración General del Estado
Advierte del contrasentido que supone el hecho de que los macroproyectos no tengan que pasar una evaluación medioambiental y, en cambio, sí que deben pasarla los de dimensiones más reducidas, concretamente, los de menos de 50 megavatios. Alorda recuerda que las evaluaciones realizadas hasta la fecha por la comisión que preside han servido para introducir en ocasiones prescripciones para aumentar el número de hectáreas de explotación agraria que debían habilitar los promotores de los parques solares.
Agrega que la Comisión de Medio Ambiente ha estado pendiente asimismo de las «barreras visuales» de estas instalaciones y, además, recuerda que se han hecho disposiciones para alejar las instalaciones fotovoltaicas de carreteras o de lugares de interés como puedan ser yacimientos arqueológicos. El presidente de la comisión asegura que la nueva disposición afectará a los proyectos futuros, no a los que se estén tramitando, si bien cabe la posibilidad de que, ante el nuevo contexto, los promotores puedan reiniciar el proceso administrativo.
En todo caso, actualmente no hay proyectos de más de 50 megavatios que se estén tramitando en la Comisión de Medio Ambiente de Balears.
