El vicepresidente del Govern balear y titular de la cartera de Memoria Democrática ha remitido recientemente una carta al alcalde de Sóller en la que le insta a cambiar el nombre en el recinto deportivo Infante Lois del Port de Sóller por considerarlo una reminiscencia franquista y que, en consecuencia, está vulnerando la Ley de Memoria Democrática. El Ayuntamiento descartó aplicar el cambio.
En su escrito dirigido al Ayuntamiento, Juan Pedro Yllanes señala que el recinto deportivo del Port de Sóller forma parte del censo de simbología franquista de Balears. De acuerdo con lo que detalla el citado censo, el recinto es una zona pública dedicada al oficial de la Marina, Manuel Lois García. Natural de Ordes (Santiago de Compostela), fue un soldado de Infantería de Marina al que se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando por orden de 30 de mayo de 1939, por su actuación el 7 de septiembre de 1937 a bordo del crucero Baleares durante la batalla de Cherchel (Argel) en la Guerra Civil.
Según el departamento que gestiona el podemita Yllanes, el Infante Lois es el único elemento franquista que resta en Sóller en recintos públicos, de ahí que pide su retirada para dar cumplimiento a la ley. Sóller retiró años atrás la cruz dedicada al soldado Lizasoaín situada en el camino del Far de Muleta y parte del monumento a los Caídos para descontextualizarlo de la dictadura.
Desde el ayuntamiento de Sóller, el alcalde Carlos Simarro apuntó que el nombre de Infante Lois «lejos de ser una reminiscencia franquista, se ha convertido casi en un topónimo», de lo que «no creemos necesario cambiarlo porque tampoco ha suscitado nunca en la vida ningún tipo de controversia social».
El alcalde entiende que «más que eliminar nombres y símbolos, algunos viven del franquismo y siguen generando polémica con el franquismo» y les ha instado a «pasar página porque ya han pasado casi 50 años» del final de la dictadura.
El espacio municipal pasó recientemente en manos municipales después de un largo litigio con los anteriores propietarios. Una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears ordenó al ayuntamiento de Sóller que lo expropiara y fijó el precio definitivo de la transacción. El municipio ha pagado más de 8 millones de euros por un espacio que ocupa 18.000 metros cuadrados en pleno Port de Sóller. El municipio tiene planes para renovar su equipamiento deportivo y construir un aparcamiento subterráneo, algo que ya no verá la luz hasta la próxima legislatura.
