Han transcurrido ya cinco años desde que la barrera del peaje del túnel de Sóller se levantara por última vez. Fue un 29 de diciembre de 2017 cuando se dejó de cobrar de forma efectiva el peaje, solo unas horas antes de que las autoridades procedieran a la supresión oficial de lo que representaba la única carretera de pago que había entonces en la comunidad balear.
Pero lejos de poner punto y final a una historia que arrancó en 1989 con la adjudicación del proyecto y en 1997 cuando se inauguró la galería subterránea, el fin del peaje no ha supuesto el punto y final al proceso de rescate. En estos momentos, la supresión de las barreras es un caso que no está cerrado y que permanece latente en el Tribunal Supremo a la espera de la última sentencia que fijará definitivamente el coste de la operación de rescate del túnel de Sóller que promovió el Consell de Mallorca.
La institución insular abonó 16,3 millones de euros para rescatar la concesión y finalizar el contrato, una cifra que prácticamente viene a representar la mitad de los 31 millones de euros que sigue reclamando la antigua concesionaria, Globalvía.
Esta empresa tiene a su favor dos sentencias, la última de ellas dictada el pasado 15 de febrero de 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB), que desestimó el recurso de apelación presentado por el Consell de Mallorca contra la sentencia anterior, que declaró nulo el rescate de la concesión y postulándose, por tanto, a favor de los intereses de la empresa concesionaria.
El litigio dio un paso más en marzo del año pasado cuando el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación que interpuso la institución insular contra la sentencia de 2021. A estas alturas, el proceso sigue vivo a la espera de la resolución definitiva que pondrá punto y final al procedimiento que tuvo su inicio hace cinco años, cuando el acceso al túnel de Sóller empezó a ser gratuito.
A nivel de calle, los últimos cinco años han servido «para que más gente haya venido a conocer Sóller tanto para lo bueno como para lo malo que ha supuesto eliminar el pago del peaje», afirma el alcalde Carlos Simarro, que, acto seguido, sigue advirtiendo que «el rescate de la concesión supondrá la foto más cara de la historia cuando finalmente se dicte sentencia».
El alcalde ha recordado que en el año 2022 «hubiera terminado el contrato de concesión, lo que hubiera supuesto un coste cero para las arcas públicas la supresión del peaje». El alto tribunal tendrá la última palabra y determinará si la cifra abonada por el Consell fue la correcta o, por contra, si lo que demanda la antigua concesionaria es la cantidad adecuada.
800 ‘falsos residentes’ se dan de baja del padrón
En estos cinco años de gratuidad del túnel de Sóller se han producido dos fenómenos. Por un lado ha aumentado la afluencia de visitantes al valle, un hecho corroborado por las cifras de usuarios que han atravesado el túnel en este lustro, con la salvedad del año de la pandemia en el que lógicamente se registró un descenso en el número de vehículos que transitaron por el túnel.
Otro hecho aparejado a la gratuidad ha sido la disminución de la población de derecho del municipio, que en estos años ha propiciado la baja de más de 800 personas del padrón municipal. Esta cifra se atribuye a los ‘falsos residentes’, aquellos ciudadanos que siendo naturales de otros municipios de la isla se empadronaron en el valle con el fin de acceder al peaje reducido para residentes, que suponía un 25% de la tarifa general. Con la supresión del peaje, estos ‘falsos residentes’ volvieron a empadronarse en sus respectivos municipios.
