El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha admitido a trámite un recurso de UGT Servicios Públicos en el que solicita la nulidad del nombramiento del interventor del Ayuntamiento de Manacor y la devolución de más de 100.000 euros cobrados por complemento de productividad, según informó este miércoles la organización sindical.

UGT Servicios Públicos consideró que la persona que ocupa la plaza de interventor de Manacor lo hace de manera “irregular”, porque, según argumentó el sindicato, "ha excedido el tiempo máximo que puede estar en una comisión de servicios, que son dos años como norma general y cinco años para los funcionarios con habilitación de carácter nacional".

"El Ayuntamiento de Manacor tiene desde 2017 a la misma persona en el puesto de interventor en una plaza que es provisional y por la que paga una productividad de 25.000 euros anuales, aunque no se cumplen los requisitos para el abono de este complemento", sostuvo UGT.

"El Ayuntamiento de Manacor tiene desde 2017 a la misma persona en el puesto de interventor en una plaza que es provisional y por la que paga una productividad de 25.000 euros anuales"

La organización sindical aseguró que ha tenido constancia de que el Consistorio manacorí "volvió a proponer al mismo interventor el pasado noviembre, a pesar de que es conocedor de que se hace de forma 'irregular' porque la comisión de servicios que tiene concedida ya ha cumplido cinco años y expiró el pasado enero".

Plaza de viceinterventor

“El truco del alcalde ha consistido en comunicar a la Administración Autonómica que la plaza está vacante y que es el único interesado en ocuparla de manera temporal”, denunció UGT Servicios Públicos, que ya avisó de que no se cumplía la normativa y que agregó que la “verdadera intención del alcalde es crear una plaza de viceinterventor", lo que a juicio del sindicato es “totalmente innecesario” para el volumen de la administración local del Ayuntamiento manacorí.

“Esta maniobra es contraria al interés público y solo tiene la intención de que si no se consigue la prórroga de la comisión de servicios, el interventor podrá seguir colocado”, criticó UGT Servicios Públicos, que se opuso a la propuesta de retribuciones para la plaza de viceinterventor en la mesa de negociación del pasado marzo.