El GOB reclama a las administraciones que paralicen los nuevos proyectos de emisarios submarinos de evacuación al mar de las aguas depuradas porque son una fuente de contaminación que «amenaza al conjunto de la biodiversidad marina» y también a las personas usuarias del mar. El grupo ecologista propone como alternativa la «reutilización» de las aguas depuradas a partir de una «adecuada red de alcantarillado» y unas depuradoras que adapten sus caudales a la demanda.
El GOB destaca que cada vez son más frecuentes los casos de cierres de playas por la mala calidad de las aguas como consecuencia de unas «inadecuadas infraestructuras de saneamiento de las aguas residuales», ya que abundan las instalaciones de alcantarillado «en mal estado» que permiten la salida del agua residual al mar antes de pasar por la depuradora y también son frecuentes las viviendas ubicadas en la costa que no están conectadas a la red y no cuentan con fosas sépticas en condiciones, por lo que provocan infiltraciones al mar, un fenómeno que altera los hábitats marinos causando la eutrofización del medio (ausencia de oxígeno).
Además, subraya que las depuradoras no están dimensionadas para tratar la gran cantidad de aguas sucias que se generan, especialmente en verano. Por este motivo, a menudo el caudal se ve sobrepasado y el agua sale de la infraestructura de saneamiento sin haberse depurado de forma correcta. Otro problema es la falta de separación entre las aguas pluviales y las residuales, lo que en días de lluvia intensa provoca la llegada a las depuradoras de una gran cantidad de líquido que no podrá ser saneado. «Así, el perjuicio es doble: por una parte se produce una pérdida del recurso (agua de lluvia que no se aprovecha) y por la otra , la contaminación del medio donde se deposita, que en muchas ocasiones es el mar desde un emisario».
Por ello, el GOB considera que en una isla donde el agua es un recurso escaso, «no podemos permitirnos perder ni una gota vertiéndola al mar».
El grupo ecologista denuncia además la «enorme falta de transparencia» de la administración con respecto a los emisarios submarinos. En este sentido, recuerda que el decreto Posidonia (25/2018) afirma que los titulares de autorizaciones de vertidos al mar, que «en la mayoría de casos corresponden a Abaqua», están obligados a remitir cada año a la dirección general de Espacios Naturales y Biodiversidad los resultados de los controles de seguimiento. No obstante, después de haberlo reclamado «en diversas ocasiones», el Govern «no ha facilitado estos informes».
El caso de Cala Antena
El GOB decidió inspeccionar el pasado octubre el emisario submarino de Cala Antena, en Calas de Mallorca (Manacor), para comprobar su estado ante la «falta de información» existente por parte de la administración.
El grupo ecologista constató la presencia de una macha de agua dulce en superficie «a 100 metros de la costa y a 400 de la playa» pensando que era una fuga porque en principio la desembocadura debía estar a unos 700 metros de la playa, aunque la «sorpresa» fue comprobar que se trataba de la desembocadura del emisario, donde se había colocado un difusor por el que salía agua de «color marrón» con la que los peces se alimentaban. También vieron restos del antiguo emisario, que suponen un peligro para la posidonia.
