No hace falta ser duchos en materia legal o trazado urbanístico para asimilar que los servicios urbanos no tienen cabida en suelo rústico. El gobierno caprichoso y tozudo tampoco sirve de moneda de cambio institucional. Sin embargo, en Maria, la contaminación partidista de estas vías pretende poner en cuestión una actuación de la Agencia de Defensa del Territorio que parece irreprochable. Lo insólito hubiera estado en la vista gorda que reclama el alcalde.
El Ayuntamiento se ve obligado a desmantelar el aparcamiento de es Cós, en terreno rústico privado, habilitado en 2015 como consecuencia de un convenio urbanístico que no pudo prosperar porque las normas subsidiarias que debían ampararlo fueron invalidadas por el Consell.
Maria necesita aparcamientos disuasorios como tantos otros pueblos, pero, a diferencia de la mayoría de ellos, en los últimos años ha estado sujeto a carambolas políticas enrevesadas llenas de recelo y necesitadas de larga explicación. El recelo partidista que esgrime el alcalde no es válido para la gestión de legalidad inconsistente.
