La privatización del servicio de recogida de residuos cuesta un 32 por ciento más a los municipios que la apuesta por una gestión pública y además genera un 30 por ciento menos de empleo que en los casos donde el servicio es municipal. Son las principales conclusiones del informe elaborado por el sindicato UGT que ha sido presentado este lunes en Palma y que aboga por la creación de consorcios insulares que gestionen estos servicios en los municipios para evitar la contratación de empresas privadas cuyo objetivo es «hacer negocio de forma avariciosa» sobre un servicio esencial para los ciudadanos y para contar con un único interlocutor.

Miguel Ángel Romero, secretario general de UGT Servicios Públicos, y Juanjo del Teso, responsable de Servicios Comunitarios del sindicato, han explicado que el servicio público tiene un coste anual de 130 euros por habitante, mientras que el privado es de 190 euros. Además, en el caso del servicio público hay un trabajador por cada 394 habitantes, cifra que aumenta a 560 en el caso de las concesiones privadas. «En términos globales, podemos afirmar que ese 32% aplicado al coste total de los servicios prestados por empresas privadas (127 millones de euros) supone unos 40,6 millones de euros de sobrecoste respecto a si se realizase por un ente público», sostiene el estudio.

El informe de UGT aprecia grandes diferencias entre una forma de gestión y la otra en lo que se refiere a las instalaciones disponibles para los trabajadores del sector, a los vehículos que usan para su trabajo y a las condiciones laborales. Mientras que las empresas públicas «tienen una dotación de vehículos acorde a las necesidades, con mecánicos propios, y unas instalaciones decentes y dignas», las concesiones privadas «son un foco constante de conflictos por no tener vestuarios ni vehículos adecuados, ya que están sobreexplotados», subrayan.

Además, también destacan la «nula conflictividad» del sector público, con plantillas «dimensionadas y estables que son reforzadas en temporada alta», mientras que en el privado las plantillas «están ajustadas al máximo, sin cubrir ausencias o bajas, con turnos doblados y unas condiciones lamentables». Denuncian que hay casos de trabajadores que 14.000 euros brutos anuales.

El sindicato señala que los datos del informe «desmontan el bulo de que lo privado sale más barato que lo público» y denuncia que la situación no mejorará «si se sigue parcheando esta cuestión de forma permanente». UGT añade que no se sumó al convenio autonómico colectivo porque, a su entender, «es un parche que no resuelve el problema». «El político que resuelva esta cuestión dejará su nombre en la Historia», concluyen los responsables de UGT.

CCOO convoca una huelga en Inca que afectaría al Dijous Bo

CCOO ha informado este lunes de la convocatoria de una huelga de limpieza viaria y recogida de residuos en Inca que se iniciaría el 15 de noviembre y afectaría de lleno al Dijous Bo. El sindicato reclama la negociación de una subida salarial para este año, tal y como está plasmado en el convenio, según ha explicado Miguel Pardo en IB3 radio. Este miércoles hay una reunión en el Tamib para tratar de desbloquear la situación.