Los espacios de atención a las personas se estabilizan. Y es que el Govern y el Consell destinan 56,4 millones de euros a los servicios sociales comunitarios. Este viernes las instituciones han firmado con los 40 municipios y la Mancomunitat del Pla los convenios que definen las partidas para financiar los servicios municipales en 2022, 2023 y 2024. De hecho, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha destacado que se trata de una “apuesta firme” para reforzar los servicios públicos y ha añadido que estos convenios de tres años permitirán dar estabilidad financiera a los servicios sociales municipales, a la vez que se incrementan los recursos para que puedan “invertir, ampliar o mejorar unos servicios que han sido fundamentales en pandemia y que ahora lo vuelven a ser para cubrir las necesidades derivadas de la guerra de Ucrania”. “Se trata de un servicio fundamental que prestan los ayuntamientos que son la primera línea de atención a la ciudadanía", ha defendido Cladera.
Del montante de 56,4 millones, el la conselleria de Asuntos Sociales aporta 29,5 millones mientras que el IMAS dedica una partida de 26,9 millones. La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha agradecido a los municipios el "esfuerzo" que realizan para mantener los servicios sociales que, según ha dicho, "nacen con la democracia". "La función que hacen los municipios no solo es una función de atender a las personas, es una función en democracia fundamental que es luchar contra las desigualdades sociales", ha resaltado Santiago que reconoce que el convenio de tres años permitirá estabilizar los espacios de atención a las personas ya que los Ayuntamientos sabrán con qué aportación cuentan y podrán planificar mejor sus servicios. En la misma línea que la presidenta insular, la consellera ha apuntado que la guerra "está generando un problema económico a nivel mundial", por lo que esto obliga a los servicios sociales a adaptarse a las nuevas demandas.
Este año, la partida permitirá incrementar de manera progresiva los y las profesionales de los servicios sociales municipales que pasarán de dos por cada 7.500 habitantes a dos por cada 5.000 habitantes en 2024. De hecho, cumplir estas ratios será la condición para recibir la inversión.
La distribución de esta partida se hace según las necesidades específicas de cada Consistorio para garantizar la misma calidad en el servicio independientemente del lugar de residencia de los usuarios. La aportación se distribuyen teniendo en cuenta el factor poblacional, en concreto, del número de personas mayores de 85 años y menores de 14 que hay en los municipios, además del número de expedientes con los que se trabaja y los usuarios atendidos por los servicios sociales locales.
