El Consell de Mallorca no tira la toalla y sigue trabajando para intentar adquirir el Castell d’Alaró pese a que la propiedad, la familia Ordinas, tiene sobre la mesa una oferta privada de 2,1 millones para comprar la montaña, que está pendiente de flecos para cerrarse. La finca está en venta por 2,5 millones. De todas formas, este lunes la institución insular celebra la comisión informativa previa al pleno extraordinario del jueves que tratará una modificación de crédito de 1,1 millones de euros para la compra de los terrenos del Castell d’Alaró. Así lo explica la consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, que concreta que se trata de «una acción paralela a la ecotasa». «No quiere decir que se renuncie a la financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) sino que es una manera de acelerar los trámites al máximo como hemos mantenido desde el primer momento y como hemos informado a la propiedad».
Así la responsable insular de Territori aclara que con esta modificación de crédito no se renuncia a la ITS. «Si la financiación llega, se utilizará la partida del impuesto de turismo sostenible pero si no llega, ya tendremos hecha la modificación de crédito». El objetivo, resume, es tener «el crédito disponible por si tenemos la oportunidad de adquirirla antes de que llegue la financiación de la ITS poder hacer efectiva la compra». Garcías confiesa que la propiedad está informada desde este verano que «se les ofrecería la compra tanto si llegaba el dinero de la ITS como si no». «Ya contemplábamos hacer dicha modificación de crédito», puntualiza Garcías que especifica que se hace precisamente ahora porque están «en los últimos pasos de la cesión del Estado». «Confiamos en que durante este año podamos ejercer la posibilidad de compra tal y como estaba previsto», añade.
Maria Antònia Garcías viaja este lunes a Madrid para asistir a una reunión en el Ministerio de Cultura con el fin de seguir trabajando en la cesión de los terrenos que «el Estado considera que son suyos» y en «la adquisición de la parte privada». Mientras la propiedad asegura y avala con documentos históricos que las murallas son privadas, el ministerio de Cultura mantiene que hay una parte que le corresponde. «Trabajamos para que el Estado nos ceda lo que considera que es suyo. Todo surgió cuando se intentó llevar el expediente de compra. Apareció una finca inmatriculada a nombre del Estado en 1885 y desde entonces aquella inmatriculación ha quedado invariable. Es un tema que se debe esclarecer», asegura Garcías.
