El Castell d’Alaró es monumento nacional desde 1931, una declaración que ya reconoció como propiedad privada las murallas y todos los restos de la fortificación. Así lo defienden sus propietarios, y para avalar su afirmación, el abogado Miguel Ángel Ordinas [hijo de Lorenzo Ordinas, propietario del castillo desde 1999] facilita el acta de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Baleares del 28 de noviembre de 1932. Es decir, cuando el castillo ya era declarado monumento. Así, en dicha acta se relata que la comisión realizó una visita al castillo en la que salieron convencidos de la «gran importancia que tuvo en la Edad Media». También dejaron por escrito la «perentoria necesidad de procurar su consolidación y restauración» al constituir un «conjunto muy digno de ser conservado». En dicho documento facilitado por la familia Ordinas, se describe que por unanimidad la comisión acuerda invitar al propietario del castillo, que en 1932 era propiedad de Antonio Canals, a realizar las obras de consolidación de la torre de entrada (la Torre de s’homenatge) y de otra cercana a ella situada a su lado este. Especifica que en caso de que Canals no quiera realizarlas por su cuenta, la comisión ejecute las más indispensables «previo consentimiento del dueño».
Sacar a la luz
Así las cosas, la familia defiende, con distintos documentos en mano, que la declaración de Monumento Nacional en 1931 reconoce como propiedad privada las murallas, los restos de la fortificación y la cueva. De hecho, son documentos que la propiedad posee desde hace tiempo pero que ahora ha querido sacar a la luz porque desde que este diario desveló que dos portales inmobiliarios comercializaban la montaña del Castell d’Alaró por 2,5 millones [a excepción del oratorio y de la hospedería que son de la iglesia] ha habido un cruce de declaraciones con la consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcías.
Cabe recordar que el Consell pretende comprar la finca por un millón y, así, presentó el 30 de agosto la propuesta de financiación al Impuesto de Turismo Sostenible. De momento, la familia tiene un oferta privada sobre la mesa de 2,1 millones que está pendiente de flecos. Tras conocerse esta información, la consellera Garcías aseguró que la institución insular reclamará las murallas como propias si se vende el castillo porque asegura que los elementos históricos son públicos desde 1885. Han sido estas palabras que han llevado a la propiedad a sacar a la luz los documentos que tiene para demostrar que toda la montaña, a excepción del oratorio y de la hospedería que son de la iglesia, pertenece a la familia y, por lo tanto, forma parte de la operación inmobiliaria de venta.
«El Estado no tiene ni un metro cuadrado del castillo», reitera Ordinas, que recuerda que fue en 1885 cuando toda la montaña del Castell d’Alaró, a excepción del mencionado oratorio y la hospedería, se sacó a subasta pública. En febrero Pedro Sampol Cañellas compró el castillo y el Estado emitió en agosto de 1885 la escritura de adjudicación. Desde entonces ha pasado por distintas manos hasta que el 2 de octubre de 1935 su abuelo Antonio Díaz Catalá compró el castillo.
«Reivindicamos con la mayor rotundidad que no solo la montaña sino que también las ruinas y las edificaciones de la antigua fortificación son nuestras y que forman parte de la operación inmobiliaria sin ninguna duda», repite la propiedad, que en su momento ya avisó que cualquier intento del Estado de inscribirse a su favor las murallas para después cederlas al Consell tendrá respuesta de la familia en acciones legales.
«Las murallas son propiedad privada. Se subastaron en 1885, así está documentado en escritura y publicado en el BOIB», remarcan los propietarios.
En el acta de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Baleares de noviembre de 1932 queda reflejado que las murallas son del propietario del Castell d’Alaró.
