El Consell de Mallorca sigue confiado en alcanzar un acuerdo con la propiedad para comprar la finca del castillo de Alaró pero avisa que, en caso de que la familia Ordinas decida venderla a un particular, reclamará las murallas como propias porque, en contra de lo que sostiene la propiedad, la institución insular considera que estos elementos históricos ya están registrados a nombre del Estado desde el año 1885 y que los Ministerios de Cultura y Hacienda «trabajan actualmente» para formalizar esta situación y ceder estos elementos al Consell.
Solo después de esta cesión, la institución podría afrontar la compra de toda la finca privada al precio de tasación, que supera ligeramente el millón de euros, cifra muy alejada de los 2,5 millones por los que la familia Ordinas ha puesto la finca en el mercado inmobiliario. «La propiedad ya nos informó que el precio era este en la pasada legislatura, pero el Consell solo pagará el precio de tasación», explicó este viernes la consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcías, si bien está dispuesto a pagar la diferencia al mismo precio de tasación en el caso de que los Ordinas demuestren que una parte de la finca privada que no figura en el catastro como suya es realmente de su propiedad, tal y como reclaman.
Garcías explica que este verano se ha reunido en dos ocasiones con los propietarios de la finca y que en la última, celebrada a finales de agosto, «se informó a la propiedad del precio de tasación» y la propiedad «estuvo de acuerdo en que presentásemos la propuesta de financiación al Impuesto de Turismo Sostenible» que finalmente se registró al día siguiente. «Si ellos hubieran dicho que no estaban de acuerdo, ya no se hubiera presentado», apunta la consellera insular. No obstante, este diario desveló esta semana que la finca está en venta y que incluso los propietarios tienen una oferta sobre la mesa de 2,1 millones de euros. «Si quieren vender la finca, nosotros no podemos hacer nada, pero reclamaremos toda la parte que consideremos pública», explica Garcías.
La consellera añade que la finca se inmatriculó por primera vez en 1865 y veinte años más tarde, en 1885, la escritura original se dividió en dos: una parte del Estado y otra particular que «tras varias transformaciones» derivó en la actual finca de Es Verger. No obstante, la parte del Estado «ha permanecido invariable». Además, desvela que en 2018 la operación de compra se paralizó porque «apareció la finca inmatriculada a nombre del Estado en el registro de la propiedad y obviamente no se siguió con la compra con buen criterio, pues no se podía comprar una finca que ya figuraba como pública ni una finca privada que no se sabía cómo era».
En este sentido, apunta que existe un «desajuste» entre la finca catastral y la que la familia Ordinas considera como propia que se ha confirmado tras los análisis topográficos realizados por el Consell. Es decir, la propiedad reclama como suya una parte de la finca que no figura a su nombre en el catastro. En este caso, «lo primero que hay que hacer es delimitar estas partes y después pedir la cesión de la parte pública, un proceso del que se están dando los últimos pasos», según Garcías.
A pesar del cruce de declaraciones de los últimos días, la consellera se muestra optimista y cree que el Consell comprará la finca. «No estoy preocupada, el camino trazado es el correcto y creo que irá bien», apunta.
El PP acusa a la institución de "vender humo" con la operación
El PP de Alaró acusa al Consell de Mallorca de pasarse las dos últimas legislaturas «vendiendo humo» sobre la compra de la finca del castillo y manifiesta su «preocupación e incredulidad» sobre la «dejadez» de la institución en este asunto y la posibilidad de que la finca acabe siendo comprada por particulares. También expresa su asombro por las declaraciones de la familia Ordinas en el sentido de que no existe un acuerdo con el Consell para la compra de la finca y que la fortificación «no es propiedad del Estado, sino de la misma familia que la adquirió en subasta pública en 1885». Los diputados del PP han registrado una batería de preguntas sobre esta cuestión en el Congreso de los Diputados.
