El proyecto modificado de la Via Verda para unir Alaró con la estación de SFM supone, entre otras variaciones, un cambio importante en el trazado previsto inicialmente. En el tramo comprendido entre las antiguas minas de carbón y el desvío de la antigua carretera de Consell, el recorrido se aparta de la carretera y se adentra en cinco fincas que quedarán divididas en dos partes. Según fuentes de la asociación promotora de la Via Verda, «se recoge una alegación presentada por el propio Ayuntamiento porque el anterior trazado se ajustaba en algunos tramos al original de la vía y en otros no». La ruta, según se explica en el proyecto modificado, se ajusta además a la reserva de espacio existente en las actuales normas subsidiarias de Alaró de 2003. Este dato lo recordaba hace unos días el colectivo que desde hace una década promueve el proyecto: «Nos resulta extraño que a lo largo de estos veinte años [los propietarios] no se preocuparan de informarse de la situación de su parcela con respecto a este proyecto».
El grupo opositor al primer proyecto, autodenominado ‘Via Verda, així no’, esgrimía como uno de los principales argumentos de oposición el hecho de que se dividieran por la mitad un puñado de fincas y que el trazado propuesto no era fiel al original del antiguo tranvía. Los cambios se ajustan a la segunda queja, pero con ello incrementan el número de afectados por la primera. La propuesta ideal para este colectivo es que todo el trazado corra paralelo a la actual carretera. El principal afectado por las expropiaciones es un constructor local que es propietario del trazado desde las minas hasta la estación, con una superficie de 6.846 metros. Otra finca afectada por el cambio es el albergue juvenil, que verá como su solar queda partido por la vía.
Los cambios en el proyecto también afectan a la iluminación y los cerramientos. En el plan inicial la ruta quedaba enmarcada entre dos vallas metálicas y, además, se instalaban más de cien farolas de unos tres metros de altura. La nueva propuesta propone restaurar o levantar paredes de piedra de un metro de elevación y rematarlos con valla. La inmensa mayoría de las farolas desaparecen y solo se mantienen en los cruces con los caminos que conducen a las distintas fincas. El resto de la iluminación se efectuará con balizas de escaso impacto visual incrustadas en los muros.
Las modificaciones han supuesto un notable incremento del coste, que pasa de 1.264.000 euros a 1.732.000. La mayor parte del aumento es atribuible a las modificaciones introducidas para conseguir una mejor integración en el territorio, ya que la propuesta inicial había generado rechazo incluso entre los defensores de la Via Verda como recuperación del antiguo trazado ferroviario. La mayor oposición se centraba en el vallado y las farolas. En cambio, el coste de las expropiaciones se reduce y pasa de 187.000 a 168.000 euros.
El colectivo Volem Via Verda recordaba hace unos días que este proyecto está incluido en la ley 13/2018 de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca. También aseguran que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado por el Tribunal Constitucional. Aseguran que cuando finalicen los trabajos supondrá “una mejora en la movilidad sostenible de los residentes en el pueblo y de sus visitantes”. La mayoría del PP en el ayuntamiento de Alaró ha rechazado desde el principio el proyecto presentado por la conselleria de Mobilitat.
Llorenç Perelló pide que se escuche a las dos partes
El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló (PP) lamenta que «en un proyecto polémico no se quiera escuchar a las dos partes implicadas para llegar a la solución menos agresiva para las fincas». Recuerda que los dos ayuntamientos implicados, Alaró y Consell, solicitaron más diálogo «y no se ha dado, nos han convocado a una reunión a posteriori, con el proyecto hecho, para lavarnos la cara».
“El Govern –continúa– sigue hablando de recuperar patrimonio, cuando en Alaró no quedan restos de las vías, excepto un pequeño puente que se podría incluir fácilmente en un proyecto pegado a la carretera”
El BOIB publicó el viernes que se abría un nuevo periodo de información pública de veinte días para presentar alegaciones al proyecto modificado.
