Las repercusiones de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que declaró «sin efecto» la autorización concedida por Turismo en 2003 al botel (establecimiento hotelero) de Alcudiamar se abordarán en la Autoridad Portuaria de Balears (APB). Uno de los miembros del consejo de administración de la APB, Antoni Alorda, quien es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Balears, pedirá en la próxima reunión de este organismo público que se «tome nota» de esta resolución judicial y se actúe en consecuencia. Alorda explicó que «parece claro que, tal y como establecen los jueces», no está contemplado el uso hotelero actual. Una postura que, aseguró, él siempre ha defendido al entender que la instalación debía albergar una «escuela de vela y un club de navegantes». «Pediré a la Autoridad Portuaria qué piensa hacer después de esta sentencia», afirmó. La resolución judicial aceptó un recurso presentado por el GOB. Alcudiamar negó que el TSJB haya revocado la autorización turística para el botel. «Ni la anula ni la revoca ni la revisa ni la declara lesiva. Lo que declara la sentencia es que, siendo la autorización turística válida, su eficacia jurídica queda suspendida por estar pendiente el cumplimiento de uno de sus requisitos o condiciones, a saber, la obtención de una licencia municipal o título habilitante que permita la apertura de un hotel», argumentó. Alcudiamar sostuvo que el botel cuenta con una autorización turística «válida» y con licencia municipal de apertura. La cuestión jurídica, agregó la compañía, se centra en dilucidar si la licencia municipal que ampara el establecimiento como «alojamiento público para navegantes» es suficiente para la apertura de un hotel.
