La moción de censura contra el gobierno de izquierdas de Andratx no ha terminado con el thriller político de esta legislatura, repleta de convulsiones y giros de guión. El nuevo equipo de gobierno, presidido por la popular Estefanía Gonzalvo, se enfrenta ahora a las repercusiones judiciales de una denuncia que interpuso el PP y que ha acabado con varios regidores del anterior gobierno imputados por un juzgado de Palma en una investigación sobre supuestas irregularidades en contratos y subvenciones de diferentes áreas del Consistorio. Entre estos ediles, figura el actual socio de gobierno del PP Llorenç Suau, de El Pi.
Cuando este diario contactó ayer con la alcaldesa Gonzalvo para valorar las implicaciones políticas de la situación judicial y la posibilidad de retirar la denuncia, la representante municipal no quiso ahondar en explicaciones y se remitió a lo ya afirmado esta semana cuando conoció las imputaciones de varios concejales de El Pi, Més y PSOE.
Cabe recordar que la alcaldesa manifestó que, cuando estaban en la oposición esta legislatura, denunciaron «hechos y no personas», remarcando la idea de que no se dirigían contra ningún cargo electo en particular.
«Como partido de la oposición hicimos un trabajo de fiscalización en procedimientos sobre los que teníamos dudas», explicó en su momento Gonzalvo.
Mientras, Suau, que ejerce actualmente como concejal delegado de Medio Ambiente, Protección Civil y Bomberos, Mundo Rural y Caminos Rurales, manifestó que no quería profundizar en la cuestión hasta aclarar el alcance de su imputación con su abogado. Al conocer la decisión judicial esta semana, aseguró que daría las explicaciones necesarias «donde haga falta» con la tranquilidad que le da el «trabajo bien hecho», en beneficio de los vecinos de Andratx.
«Pacto que nace muerto»
Para los socialistas, desalojados del poder a principios de mes por una moción de censura, el nuevo pacto de gobierno «nace muerto desde el principio». El exalcalde socialista Antoni Mir, quien gobernó durante los tres primeros años de legislatura con Més y El Pi, esta denuncia interpuesta por el Partido Popular evidencia «la mala relación del actual equipo de gobierno».
«Esto no hace más que demostrar la inestabilidad del actual pacto de gobierno a 10 meses de las elecciones», manifestó Mir, quien a su vez figura como uno de los investigados en la mencionada causa judicial, junto a otros ediles socialistas y la regidora de Més Ruth Mateu.
«El Pi decidió romper un pacto estable en Andratx que estaba cumpliendo con las necesidades que tienen los andritxols y andritxoles desde hace muchos años, como la rotonda de Camp de Mar, la ampliación de la escuela de s’Arracó o la creación de una residencia para personas mayores», agregó Mir, quien lamentó que, pese a que se estuviesen cumpliendo esos compromisos, «El Pi optó por un nuevo pacto con el PP», sostuvo.
Sobre la denuncia que afecta a varios concejales socialistas, entre ellos, a él mismo, Mir expresó su tranquilidad con su gestión, al entender que todo su trabajo ha ido encaminado «a sacar adelante proyectos relevantes» para los vecinos.
Además, rechazó dar explicaciones sobre la demanda interpuesta por los populares, ya que, según dijo, todavía no la tienen y no la han podido analizar.
Mes de septiembre
La jueza Catalina Munar, designada como magistrada de refuerzo en el juzgado de instrucción número 3 de Palma, ha citado a declarar a los seis investigados el próximo mes de septiembre por presuntos delitos de prevaricación administrativa.
Según ha trascendido hasta la fecha, las pesquisas judiciales se centran en una serie de contratos adjudicados sin concurso y subvenciones públicas concedidas a diversas entidades.
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