Seis regidores del Ayuntamiento de Andratx han sido imputados por un juzgado de Palma en una investigación sobre supuestas irregularidades en contratos y subvenciones de varias áreas del consistorio. Las pesquisas, abiertas a raíz de una denuncia presentada por el PP, se centran en el anterior equipo de gobierno y entre los investigadores se encuentran Antoni Mir, del PSOE, y Llorenç Suau, de El Pi, así como otros ediles de estos partidos y de Més.
La jueza Catalina Munar, designada como magistrada de refuerzo en el juzgado de instrucción número 3 de Palma, ha citado a declarar a los seis investigados el próximo mes de septiembre por presuntos delitos de prevaricación administrativa. Las fuentes consultadas explicaron que las pesquisas se centran en una serie de contratos adjudicados sin concurso y subvenciones públicas concedidas a diversas entidades.
Aunque las primeras investigaciones apuntaban a un caso menor, la jueza ha tomado declaración en las últimas semanas a varias personas y las pesquisas se han extendido a varias áreas deAyuntamiento de Andratx.
«Como partido de la oposición hicimos un trabajo de fiscalización en procedimientos sobre los que teníamos dudas», explicó ayer la alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo. En concreto, detalló que se trata de varios hechos vinculados a «contratación pública» que pusieron en conocimiento de Fiscalía. «No hemos denunciado a personas, hemos puesto en conocimiento unos hechos y a partir de aquí entendemos que han sido citados para tomar declaración; respetamos la presunción de inocencia», recalcó. Por otro lado, y «a nivel particular», Gonzalvo indicó que ha hablado con Suau sobre las «dudas» que tenían. «Me las ha explicado; estamos tranquilos y confiamos», concluyó.
En un comunicado, el Pi-Proposta per les Illes aseguró tener «toda la tranquilidad de las cosas bien hechas». «Hubo un problema con la empresa concesionaria de playas por dejadez de funciones y tuvimos que buscar soluciones», indicó Suau, que reiteró que necesitaban poner las playas «a punto» y «soluciones ante la falta de compromiso de la empresa adjudicataria».
El presidente de la formación, Tolo Gili, dijo que no hacen «política de juzgados» y que gestionan cada ayuntamiento «desde la excelencia y la voluntad de servicio».
