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Diario de Mallorca

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El Consell impone siete millones en sanciones urbanísticas y ejecuta 137 demoliciones

La Agència de Defensa del Territori celebra en la presentación de la memoria anual el «significativo» incremento de la colaboración ciudadana ya que las denuncias de particulares han aumentado un 70% con un total de 325 durante 2021

Una de las obras ilegales que han ordenado demoler. CIM

La actividad de la Agència de Defensa del Territori aumenta. De hecho, el importe global en sanciones de la ADT el año pasado fue de siete millones de euros y además se registró el mayor número de demoliciones de obras ilegales en rústico con un total de 137. En la presentación de la memoria anual que debe ser aprobada en el pleno del Consell, el gerente de la ADT, Tomeu Tugores, ha querido dejar claro que el objetivo del organismo es velar por la protección del territorio y la defensa de la legalidad urbanística. La consellera insular de Territorio, María Antonia Garcías, ha querido puntualizar que las denuncias y las multas no tienen un «afán recaudatorio». Los dirigentes han explicado que el aumento de la actividad de la ADT y de las cifras que se desprenden de la memoria se basa en el crecimiento del número de municipios adheridos a la agencia que ya roza la cuarentena.

Estado tras la demolición de la obra ilegal. ADT

Recaudación

Tugores también ha detallado que la mayoría de las obras ilegales suelen ser pequeñas como por ejemplo la construcción de porches. Así, ha explicado que las multas que van subiendo año tras año oscilan, de media, entre los 30.000 y los 60.000 euros mientras que las de mayor cuantía pueden alcanzar los 250.000 euros. En 2021, la recaudación por multas impuestas fue de 1,2 millones, la mayoría fue por sanciones de años anteriores.

En la presentación se ha remarcado que una de las actividades de la ADT es restablecer el territorio y el paisaje al estado anterior en caso de ilegalidades urbanísticas. Así, entre 2011 y 2015 se ejecutaron 19 demoliciones mientras que en los últimos cinco años la cifra suma 541. De este total, el 93% se ha acogido a las reducciones de sanciones que prevé la ley, ya que han sido ejecutadas por la propiedad en el plazo voluntario para hacerlo. Otra cifra que ha dado a conocer el gerente de la ADT en la presentación de la memoria anual es que el año pasado se dictaron 121 órdenes de demolición superando las 115 de 2019. Tugores ha detallado que una consecuencia del aumento de la actividad de la ADT es la presentación de proyectos de obra de legalización o de demolición en los Ayuntamientos. El año pasado se presentaron 150 mientras que la cifra total de los últimos cinco años asciende a 759 proyectos. Ello ha generado a los Consistorios unos ingresos que rondan los 2,5 millones en concepto de tasas e impuestos de construcciones. «La gran mayoría de estos proyectos no se hubieran presentado si la agencia no hubiera actuado», ha señaladoTugores.

El año pasado, se tramitaron 80 suspensiones de obras que estaban en ejecución, lo que supuso «paralizarlas» con carácter inmediato. Seguidamente, se facilita a los infractores que la casa en cuestión vuelva a su estado original y, por ello, que paguen una multa menor.

Denuncias

En cuanto a las denuncias, Garcías ha celebrado el «significativo incremento» de la colaboración ciudadana en la defensa y preservación del territorio. El año pasado se cerró con 325 denuncias particulares, un 70% más que en 2020 que sumó 191. También aumentó la colaboración entre administraciones como los agentes de Medio Ambiente, el Seprona, los celadores municipales o la Policía Local. La cifra de denuncias de otras administraciones asciende a 383, un 50% más.

Tugores ha razonado que este aumento de la actividad no responde a que haya más ilegalidades, responde a que «en 2015 eran seis municipios adheridos mientras que ahora actúan en un total de 39. Tenemos información más actualizada mientras que antes estaba dispersa en los distintos ayuntamientos». La Agència de Defensa del Territori también sigue ampliando su personal que ha pasado de los 18 trabajadores de 2015 a los 44 actuales. Para hacer más eficaz la labor de inspección y control de obras ilegales, la ADT dispone de cuatro drones para realizar inspecciones.

El parking de Cala Llombards abierto en unas semanas

La consellera de Territorio del Consell de Mallorca, María Antonia Garcías, avanzó que en las próximas semanas la Agència de Defensa del Territori levantará el cierre del aparcamiento de Cala Llombards, un parking que utilizan los bañistas que se dirigen a es Caló des Moro y que fue cerrado a finales del año pasado por la ADT. Cabe recordar que el ayuntamiento de Santanyí aprobó el 20 de junio por unanimidad en un pleno extraordinario una modificación de las Normas Subsidiarias, tal como había solicitado el Consell. Una pequeña parte del solar de este aparcamiento ha pasado a ser una zona privada urbana, tal como solicitaron los técnicos de la institución insular. Garcías avanzó que este mes de julio el Consell someterá dicha modificación a su aprobación. Cuando esté aprobada y el Ayuntamiento tenga la autorización, se levantará la suspensión.


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