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Urbanismo

Calvià aprueba el Plan General que protege el 83% de su territorio

El texto urbanístico, que estará en exposición pública durante 60 días hábiles, es rechazado por los partidos de la derecha, que aseguran que implicará un aumento del precio de la vivienda

Los miembros de la corporación, en el momento de aprobar la revisión del PGOU. Ajuntament

El pleno ordinario celebrado este jueves en Calvià ha aprobado de forma inicial la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con los votos a favor del equipo de gobierno integrado por PSOE y Més-Podem y el grupo mixto, mientras que PP y Vox han votado en contra del texto urbanístico que, según el gobierno local, «diseña el Calvià del futuro» porque, entre otras actuaciones, contempla la desclasificación de más de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo urbano o urbanizable, por lo que más del 83 por ciento del territorio estará clasificado como suelo rústico, en su gran mayoría protegido. La revisión estará ahora en exposición pública durante 60 días hábiles para que ciudadanos o entidades presenten sus propias sugerencias.

El teniente de alcalde de Urbanismo, el socialista Marc López Expósito, que ha calificado el de hoy como «día histórico», ha desgranado las principales líneas del PGOU que sustituirá al planeamiento urbanístico vigente desde el año 2000 y ha asegurado que los objetivos del nuevo planeamiento son la “sostenibilidad social y medioambiental, la protección del territorio y la lucha contra el cambio climático”. El regidor ha enumerado las principales actuaciones como la expropiación del Fortí de Illetes (donde se ubicará un centro de interpretación de la memoria democrática); la recuperación de una zona de la Marina de Magaluf; la creación de cinco parques periurbanos como espacios verdes públicos y de un ‘ecobarrio’ con emisiones cero en Galatzó; o la habilitación de tres senderos para acceder al Puig de sa Morisca, entre otras que ya fueron explicadas hace semanas. También ha destacado que el parque de viviendas sociales incorporará 425 VPO más que se sumarán a las a las 687 ya previstas en el anterior Plan.

Por su parte, el regidor de Medio Ambiente, Rafel Sedano (Més-Podem) ha destacado que el plan que definirá el Calvià de las próximas décadas «ha sido posible gracias a un acuerdo de las fuerzas progresistas» y ha subrayado que «cuatro quintas partes del municipio serán suelo rústico protegido».

La oposición ha coincidido en criticar que el equipo de gobierno presentase antes a la prensa la nueva revisión del PGOU y que han tenido poco tiempo para analizar un documento «tan complejo y denso» como este, tal y como ha afirmado Consuelo Fernández, de Cs.

Esperanza Català, de Vox, ha denunciado que la desclasificación de suelo urbano «no dará respuesta a las necesidades de vivienda de Calvià; han hecho un monopoly de la deconstrucción». También ha criticado el proyecto de crear un centro de interpretación de la memoria democrática en el Fortí de Illetes: «El PSOE hizo un golpe de Estado en 1934 en el que murieron miles de personas, a eso no lo recordarán en su museo».

De forma similar se ha expresado la portavoz del PP, Luisa Jiménez, que ha acusado al gobierno local de «dedicar un espacio natural (Fortí de Illetes) para hacer un adoctrinamiento ideológico». La edil popular ha denunciado que el nuevo PGOU será aprobado «por imposición y no por consenso» y ha reiterado el «grave problema de vivienda» que, a su entender, implicará el planeamiento porque «el precio del metro cuadrado de las viviendas ya existentes se triplicará», hasta el punto de que «solo podrá acceder a la vivienda la gente de alto poder adquisitivo, es decir, extranjeros».

El alcalde Alfonso Rodríguez ha concluido el debate con agradecimientos a todas las personas que han participado en la redacción del PGOU a lo largo de «siete años de mucho trabajo» y ha definido el documento como la «solución que diseña el Calvià de los próximos 20 o 30 años desde la preservación y el respeto medioambiental».

La representante de Podem, Marga Plomer, ha destacado tras el pleno la expropiación del Fortí de Illetes, una actuación que «devolverá la dignidad robada a las familias represaliadas».

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