El ayuntamiento de Calvià tendrá la competencia para poder sancionar y cerrar establecimientos que incumplan las normas sobre el turismo de excesos en la zona de Punta Ballena (Magaluf). El Consell de Mallorca ha aprobado hoy ceder esta potestad al municipio mediante un convenio que firmarán ambas instituciones. Lo curioso del caso es que tan solo se cede la competencia en la zona más conflictiva, como es Punta Ballena, y no en todo el municipio. Para ello, el Consell pagará unos 13.000 euros anuales para esta gestión y de forma periódica el ayuntamiento trasferirá la recaudación de las sanciones a la institución insular que es quien cuenta con la competencia de ordenación turística.
El conseller de Turismo y Deportes del Consell de Mallorca, Andreu Serra, ha indicado durante su exposición en el pleno insular de hoy, que "esta cesión de la competencia del turismo de excesos está contemplada en la ley que lo regula y permitirá actuar de forma mucho más ágil a la hora de cerrar bares o establecimientos que incumplan la normativa". Serra se refería a que Calvià dispone de un cuerpo policial y de inspectores que "conocen la zona a la perfección" y que podrán actuar de forma mucho más rápida que si se tiene que esperar a que los inspectores del Consell acudan al lugar para comprobar incumplimientos en la normativa de turismo de excesos.
La consellera del PP, Raquel Sánchez, ha afirmado que "yo soy la primera en querer erradicar el turismo de excesos, pero este convenio es un negocio ruinoso para el ayuntamiento de Calvià, que deberá realizar todo el trabajo sucio por 13.000 euros anuales y luego entregar la recaudación de las multas al Consell". Sánchez ha recordado que el ayuntamiento solo podrá contratar con este dinero un técnico de administración general y un auxiliar administrativo a media jornada para realizar dicha gestión y lo calificó del "todo insuficiente". Raquel Sánchez se ha preguntado si "el motivo de este negocio perjudicial para el ayuntamiento es que el alcalde Alfonso Rodríguez (PSOE) quiere hacer puntos en Palma para ser conseller".
La popular ha advertido también que la mayoría de estas sanciones son recurridas por los bares de Punta Ballena ante la justicia y ello conllevará que el ayuntamiento se tendrá que personar en todos procesos.
Hay que tener en cuenta que las sanciones a bares o establecimientos por incumplir la normativa en cuanto a turismo de excesos están en torno a los 60.000 euros. Por todo ello, la mayoría de ellas terminan con un recurso contencioso administrativo de los propietarios contra el expediente sancionador incoado por la administración competente.
Además de Calvià, la ley que regula el turismo de excesos elaborada por el Govern en 2021 contempla que también los ayuntamientos de Palma y Llucmajor podrán asumir estas competencias que desde el 1 de enero son del Consell con el traspaso de Ordenación Turística. Lo que ocurre es que ni Palma ni Llucmajor se han interesado por ellas como sí ha hecho Calvià.
Además del traspaso en la gestión de las sanciones por turismo de excesos, Calvià también asumirá las multas relacionas con cuestiones de salut, consumo y transición energética, tal y como contempla el decreto del Govern.
