En Sóller se felicitan porque al fin pueden inscribir en el Registro de la Propiedad la titularidad pública del Infante Lois, en el Port. Están en condiciones y con el derecho de celebrarlo porque el logro ha necesitado largo tiempo y esfuerzos revestidos de litigios y negociaciones que se saldan a favor del beneficio colectivo. Con el pájaro en manos, o al menos a punto de entrar en la jaula municipal, no está de más revisar una operación, un trasvase de titularidad, de altos costes en tiempo y dinero, como ocurre tantas veces en los trámites que afectan a la administración pública.
No podemos considerar consecuente que una expropiación forzosa promovida al amparo de la condición de equipamiento público que el Plan General de 1998 otorgó al recinto del Infante Lois haya necesitado una década de trámite, eso sin contar con la fase previa que llevó a la recalificación urbanística. La tardanza y el pleito siempre salen caros. En este caso, el coste inicial fijado en casi siete millones se ha acabado convirtiendo en nueve. No contamos, entre los intereses de demora, la paciencia de los vecinos del Port para poder disponer de mejor infraestructura deportiva y más aparcamientos.
En el Ayuntamiento están tranquilos porque han ido pagando y disponen de remanente para afrontar la remodelación. El alcalde Simarro tiene esperanzas de iniciar la primera fase antes de que acabe la legislatura. Aún con el empujón electoral de por medio, vistos los antecedentes, que nos permitan dudarlo.
