El estudio económico financiero encargado por el ayuntamiento de Santa Margalida a un ingeniero industrial para calibrar la viabilidad de la concesión del servicio de distribución de agua potable entre la población prevé que dentro de seis años la tarifa (agua potable y alcantarillado) que pagarán los abonados será de 1,50 euros por metro cúbico, cuando en la actualidad es de 0,66 euros, por lo que si se cumplen las previsiones los vecinos y vecinas del municipio pagarán más del doble que ahora por el agua corriente.
El ayuntamiento de Santa Margalida aprobó hace unas semanas la concesión y la explotación del servicio a la empresa Agbar (Hidrobal) por un plazo de 30 años después de que esta sociedad ganara el concurso por delante de Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense y Melchor Mascaró, por una parte, y FCC Aqualia, por la otra, que fueron las otras dos ofertas mejor puntuadas.
El citado informe económico, al que ha tenido acceso este diario, estipula que en el momento de la adjudicación del contrato a la nueva empresa concesionaria (Agbar) «el Ayuntamiento iniciará el proceso de modificación de las tarifas para incorporar las tarifas resultantes en el momento en que sean debidamente autorizadas». Asimismo, añade que las tarifas «se modifican a partir del segundo año, pasando a una tarifa escalonada» hasta que a partir del sexto año de la concesión, una vez concluidas las inversiones iniciales que deberá ejecutar la empresa, «se procede a una nueva revisión de las tarifas para absorber los costes completos del servicio». A partir de entonces, continúa el informe, «se mantiene la tarifa durante el resto de la concesión en términos constantes».
El mismo estudio, que constata la «viabilidad» de la concesión a treinta años, justifica la subida señalando que el precio de 1,50 euros por metro cúbico que entraría en vigor a partir del sexto año «está por debajo del precio del agua aplicado en la mayoría de ciudades, con precios actuales del servicio con una media de 1,74 euros por metro cúbico».
El autor del informe advierte que los resultados y valores incluidos en el documento «son estimaciones, dado que se trata de una proyección de futuro» y que «los resultados futuros reales de ingresos y gastos serán la resultante de la demanda real de suministro, la oferta del concesionario y su capacidad de gestión».
El documento cuantifica también las inversiones que deberá ejecutar la concesionaria en los cinco primeros años del servicio, calculadas en 5,7 millones de euros, mientras que el «acumulado» de las inversiones de reposición previstas en los 30 años de vigencia del contrato asciende a 4,8 millones de euros. Estas cantidades deberán ser amortizadas por la empresa de manera que recupere totalmente los importes invertidos al final de la concesión.
El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, subraya que se trata de «estimaciones» que podrían variar en el futuro y asegura que las tarifas deberán adaptarse al precio por el cual Abaqua vende el agua potable al Ayuntamiento, que «actualmente es de un euro por metro cúbico». Monjo añade que en caso de que el Consistorio hubiera decidido gestionar el servicio con recursos propios «el precio del agua subiría en una proporción idéntica o incluso más» y que «en caso de avería nocturna no habría nadie para arreglarla».
El PSOE tilda la privatización de «error histórico»
El PSOE de Santa Margalida, principal grupo de la oposición, considera que la «privatización» del servicio de agua potable es un «error histórico» de la derecha y una «evidencia más» de la «incapacidad de gestión» del equipo de gobierno formado por la Convergència de Joan Monjo y el PP. «Lo peor es que lo acabarán pagando los ciudadanos», ya que el estudio económico encargado por el Ayuntamiento «dice bien claro que el coste del servicio se duplicará».
Además, los socialistas recuerdan que en los últimos años el municipio «ha hecho una potente inversión de unos dos millones de euros para renovar toda la red, una obra necesaria que ha modernizado el servicio». Sin embargo, «ahora que se ha ejecutado el gasto público y que la red está en condiciones deciden entregarla a una empresa privada para que haga negocio».
