El ayuntamiento de Pollença ha procedido este viernes a la retirada de una instalación ilegal ubicada sobre la arena de la playa de Els Tamarells, en el Port de Pollença, ante la «inoperancia» de la demarcación territorial de Costas, institución a la que acusa de aplicar una «doble vara de medir». La intervención municipal ha consistido en el desmonte de una tarima que se había instalado en la playa a modo de terraza de un establecimiento de restauración. También se han retirado las sillas, las mesas y «otros elementos no autorizados» por la demarcación territorial de Costas en la citada playa del Moll.

La institución municipal explica que ya en el año 2020 se habían enviado «diversos avisos y denuncias» al propietario de la instalación debido a que no disponía de la autorización temporal que concede la demarcación de Costas. El Ayuntamiento solicitó a este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que actuase, por lo que se incoó un expediente sancionador que desembocó en una sanción de dos meses de ocupación. La sanción finalizó en febrero de 2021, pero a pesar de ello no se retiraron los elementos ilegales.

El ayuntamiento de Pollença, en base a la Ley de Actividades, ya había precintado esta terraza el pasado año, pero «la empresa rompió el precinto y continuó con la actividad de forma ilegal».

Por este motivo, el Consistorio ha aplicado «el protocolo establecido en estos casos» y ha procedido a retirar todos los elementos de la instalación ilegal «debido a la inoperancia de la demarcación de Costas, que es la administración competente, ya que ocupaba ilegalmente el dominio público».

La institución no escatima críticas a la demarcación de Costas, que por contra «sí persigue las instalaciones municipales y otras instalaciones más antiguas y que están en tramitación de autorización desde hace muchos años». 

Asimismo, el equipo de gobierno presidido por el alcalde Tomeu Cifre (Tots per Pollença) «lamenta que la demarcación de Costas tenga una doble vara de medir para este tipo de actuaciones, ya que por una parte requiere al Consistorio que retire los accesos de minusválidos, pasarelas, banderas y elementos que no son lucrativos y sanciona al Ayuntamiento, mientras que por otra parte es incapaz de hacer cumplir la legalidad en establecimientos que se lucran mediante la ocupación del dominio público».