Las fronteras entre los municipios no son algo inamovible, como lo demuestra el reciente caso ocurrido en Calvià, donde el Ayuntamiento ha culminado un expediente urbanístico por el cual amplía los límites de la finca municipal de Galatzó (es Capdellà) en detrimento de cuatro propietarios de Galilea, que poseen unos terrenos rústicos. Algunos de ellos perderán miles de metros cuadrados con la nueva delimitación. El asunto está lejos de haber concluido. Afectados anuncian que llegarán hasta la última instancia judicial, ya que, subrayan, «catastralmente, registralmente y parcelariamente» sus terrenos pertenecen a Puigpunyent.
La clave del problema reside en la interpretación sobre cuál es la división territorial que debe tomarse como base: una que data del siglo diecinueve u otra que hicieron los militares a mediados del siglo veinte. La primera es la que defienden los propietarios afectados por el cambio de lindes y la segunda es la que esgrime básicamente el consistorio de Calvià para justificar esa modificación.
Uno de los propietarios afectados explica que entre la década de los 60 y los 70 del siglo dieciocho se parceló todo Mallorca, es decir, se marcaron las diferentes líneas municipales. En el trabajo académico Dos décadas de investigación sobre historia de la cartografía catastral en España (1988-2008), Luis Urteaga explica que, en el caso de Balears, en esa época se trazaron mapas parcelarios municipales, con los límites de los diferentes términos y las diferentes parcelas rústicas.
Casi un siglo después, en el año 1954, Madrid envió una brigada militar de topógrafos para que hiciesen el deslinde municipal de toda la isla. Ese equipo técnico en algunos casos no siguió al pie de la letra la línea histórica jurisdiccional anterior. «Fueron por donde orográficamente les era más fácil y trazaron una línea aleatoria», expone la línea argumental de defensa de uno de los dueños que ahora perderá parte de su parcela. Esa divergencia entre ambos trazados explica la situación actual.
Instituto Geográfico Nacional
En un informe realizado al respecto hace cinco años por el Servicio de Delimitaciones Territoriales del Instituto Geográfico Nacional, se informa de que la línea divisoria inscrita en el Registro Central de Cartografía (RCC) «es acorde al acta de 1954». Pero apunta también que esa acta de 1954 podría adolecer de una posible «debilidad jurídica», ya que en aquel entonces no fue ratificada con la firma del ayuntamiento de Calvià.
En todo caso, prosigue este organismo estatal, el RCC considera que un acta de delimitación al que uno de los ayuntamientos no asiste pero ha sido «convenientemente citado» como «título jurídico suficiente para la inscripción de la línea, tal y como es el caso de la línea límite entre Calvià y Puigpunyent».
Jesús P. López Pelaz, director del Bufete Abogado Amigo, explica que los conflictos sobre deslindes municipales «no son excepcionales y existe un procedimiento específico para regular esta materia». Sin entrar al detalle de este litigio del Ponent de Mallorca, asegura que «lo frecuente es acudir a la división más antigua».
"Es habitual en estos casos acudir a la fuente más antigua (si es fiable) y así lo indica también el Consejo de Estado en diferentes dictámenes»
«Así se hizo por ejemplo en el ayuntamiento de Rubiá, en León, en que el Tribunal Supremo en su sentencia de 2009 sobre las lindes municipales acudió incluso a estudiar documentos del siglo diecisiete. Es habitual en estos casos acudir a la fuente más antigua (si es fiable) y así lo indica también el Consejo de Estado en diferentes dictámenes», manifiesta.
En el origen del expediente de Calvià, fechado en 2018, se encuentra una denuncia pública por unos movimientos de piedras y una apertura de accesos en las paredes que limitan con la finca de Galatzó.
Discrepancias en el registro
A raíz de esa denuncia, el Consistorio calvianer constató que en dos fincas privadas de Galilea había «discrepancias entre la superficie catastral y la registrada en el Registro de la Propiedad». Una «discrepancia» de 41.217 metros cuadrados, según apuntan desde el área de Urbanismo de Calvià.
El Ayuntamiento calvianer sostiene que esto no es un deslinde entre municipios, sino entre las ya mencionadas parcelas privadas y la gran finca municipal de Galatzó. Para ello, señalan estas fuentes, el Consistorio se ha basado en cartografía oficial, documentos privados y en los límites que se establecieron en el año 1954. Contra este expediente tramitado en Calvià, el Consistorio de Puigpunyent presentó alegaciones, que fueron desestimadas.
Uno de los propietarios afectados por la decisión del ayuntamiento de Calvià, que expresa su disposición a presentar un recurso contencioso-administrativo, asegura no entender por qué el foco se centra sobre ellos, cuando, apunta, de las 24 parcelas colindantes con Galatzó «hay ocho que tienen más metros cuadrados registrales que catastrales, 10 que tienen más metros catastrales que registrales y 5 que no están en el Registro de la Propiedad, pero sí en el catastro».
Apunta también que este tipo de discordancias de límites y superficies no sólo pasa en este caso concreto, sino en otros puntos de Mallorca, donde no coincide exactamente tampoco la línea jurisdiccional histórica trazada en el siglo diecinueve con el deslinde realizado por los topógrafos militares del siglo veinte. Agrega en este sentido que, en función de cómo se resuelva este litigio, se podría sentar una jurisprudencia que podría acabar alterando otras fronteras municipales de la isla.
